De entre las múltiples derivadas del caso de las mascarillas, que convulsiona la política nacional, la que afecta a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, tiene una especial gravedad. Que la tercera autoridad del Estado esté bajo sospecha supone una grave erosión para la imagen de las instituciones democráticas y coloca en situación insostenible a quien debe ser un referente de ejemplaridad.

Durante el mandato de Armengol, el ejecutivo balear compró mascarillas por un importe de 3,7 millones de euros a través de un acuerdo con la empresa de la trama, mediante un contrato que se redactó después de que se hubiera realizado el pago. Las mascarillas, que resultaron inservibles, fueron adquiridas con fondos de la Unión Europea, lo que ha provocado que el caso se traslade a Bruselas. Además, a pesar de saber que las mascarillas eran inservibles, el gobierno balear avaló su compra ante el ministerio de Sanidad. Una vez que Armengol perdió las elecciones pidió a la empresa que devolviera el dinero para intentar protegerse políticamente. Hasta el exministro Ábalos, en una de sus últimas declaraciones, diferenció entre la gestión de la compra por parte del ministerio de Transportes y la del gobienro balear, insistiendo en que en ese caso sí que hubo estafa.

Ante la gravedad de estas informaciones que afectan de lleno al gobierno que encabezaba, Francina Armengol no puede seguir presidiendo el Congreso, porque no va a gozar de la autoridad moral necesaria ante los grupos parlamentarios y, sobre todo, porque pone en riesgo la credibilidad de una institución que es básica en nuestro orden democrático.