Una vez que se ha cerrado el capítulo de las elecciones catalanas, Sánchez se ha puesto manos a la obra para llegar a un acuerdo con el PP sobre la renovación del Gonsejo General de Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Consejo de RTVE y el Defensor del Pueblo. Después de varios intentos fallidos al inicio de la legislatura, este posible acuerdo, que algunos consideran inminente, se ha acelerado desde la conversación que el pasado miércoles mantuvieron Pedro Sánchez y Pablo Casado.

Si se llegara a cerrar un acuerdo global para la renovación de esas instituciones, sería la primera vez que el PSOE y el principal partido de la oposición alcanzaran un pacto en esta legislatura. La renovación constitucional de las instituciones exige, por el bien de la nación, un consenso entre las formaciones políticas mayoritarias. Un acuerdo que permita superar el bloqueo y la incertidumbre que debilita el funcionamiento y la credibilidad de las instituciones. Es posible que Sánchez, a estas alturas de la legislatura y después de los resultados de las elecciones catalanas, haya cambiado el paso con una oferta más generosa que facilite llegar a un pacto global.

Y, más allá de ese importante pacto, ¿habrá decidido Sánchez inclinar su gobierno hacia políticas alejadas del radicalismo, que fortalezcan el tejido constitucional? Conviene extremar la prudencia ante esta pregunta. Otra incógnita es cuál va será la respuesta de Podemos y cómo piensa el presidente embridar a sus cada día más incómodos socios de gobierno.