La decisión del pleno del Consejo General del Poder Judicial de no recurrir al Tribunal Constitucional la reforma impulsada por el Gobierno que limita sus atribuciones, no despeja el conflicto abierto entre ambos poderes del Estado. De momento sigue en vigor la reforma, pero el pleno del Consejo ha elaborado un informe destinado a la Comisión Europea sobre los efectos negativos de la nueva ley que impide, por ejemplo, los nombramientos para cubrir las vacantes en el Tribunal Supremo cuando los miembros del órgano de los jueces estén pendientes de renovación. Aunque este conflicto no trascienda demasiado a la opinión pública, todo lo que afecta a la administración de la Justicia tiene una inevitable repercusión en la vida cotidiana y en la confianza ciudadana en los órganos constitucionales, básica para la convivencia social.

El problema de fondo es la intención de este gobierno de controlar ideológicamente al Poder judicial, limitando su independencia. Hace tan solo unos días, el PSOE y Podemos se vieron obligados a retirar del Congreso otra reforma que suprimía el requisito de una mayoría de tres quintos para el nombramiento de los vocales del Poder Judicial, tras la alarma suscitada en Bruselas por lo que suponía un clarísimo atentado contra el Estado de Derecho. Ahora va a ser de nuevo la Unión Europea quien someta a examen al ejecutivo por esta otra reforma. La independencia judicial sigue siendo una asignatura pendiente que deberían abordar los principales partidos mediante un gran pacto según el espíritu y la letra de la Constitución.