La llegada de nuevos refugiados afganos a Madrid ha coincidido con la celebración de una "cumbre" virtual de los países del llamado G-20, para estudiar la crisis humanitaria que se abate sobre Afganistán. La Unión Europea ha tomado la decisión de aportar mil millones de euros sin esperar a que el Gobierno talibán cumpla con la promesa de proteger los derechos humanos. Pero harán falta muchos millones más, y durante largo tiempo, para sacar adelante la depauperada economía del país. Como se temía, una vez desaparecido el maná de los dólares norteamericanos, Afganistán se ha sumido en una emergencia humanitaria que, según el reciente informe de la ONU, afecta a más de l8 millones de personas, casi la mitad de la población.

La actual sequía y la pandemia del COVID han dejado ya sin medios de vida a nueve millones de personas, y la desnutrición amenaza la vida de millones de niños. Las cifras son ciertamente dramáticas, pero pueden serlo aún más en las próximas semanas si no llega una riada de dólares, alimentos y medicinas. La ayuda debe afrontarse sin olvidar la vigilancia sobre el respeto de los derechos humanos, especialmente de las mujeres y de las minorías religiosas, mientras se exige a las nuevas autoridades el compromiso de luchar contra el terrorismo, que ha reaparecido con el atentado contra una mezquita chií en el norte, provocando 50 muertos el pasado viernes. Difícil panorama para este martirizado país, que puede convertirse en fuente de inestabilidad para todo el mundo.