Tensión máxima entre Bolivia, México y España: estos son los últimos movimientos de cada país

Las relaciones entre Bolivia y México ya estaban tensas desde que en noviembre pasado el país norteamericano concediera asilo al expresidente Evo Morales

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AgenciasCOPE.es

Tiempo de lectura: 3'Actualizado 12:17

Un nuevo episodio en la tensión diplomática entre Bolivia y México se escribió este lunes tras la decisión del Gobierno interino de Jeanine Áñez de expulsar a la embajadora mexicana en La Paz y junto a ella a dos diplomáticos españoles, acusándoles de dañar la soberanía boliviana.

EL ANUNCIO PRESIDENCIAL

Áñez compareció ante los medios en La Paz en la mañana para anunciar que su Gobierno decidió declarar "personas no gratas" a la embajadora de México, María Teresa Mercado, a la encargada de Negocios de la Embajada de España, Cristina Borreguero; al cónsul español, Álvaro Fernández, y a otros funcionarios.

La presidenta interina les pidió que abandonen Bolivia en 72 horas al sostener que "este grupo de representantes de los Gobiernos de México y España ha lesionado gravemente la soberanía del pueblo y del Gobierno constitucional de Bolivia".

"La conducta hostil, intentando ingresar de forma subrepticia y clandestina a la residencia de México en Bolivia, desafiando a los oficiales policiales bolivianos y los propios ciudadanos, son hechos que no podemos dejar pasar y han generado consecuencias", manifestó.

EL DESENCADENANTE

Las relaciones entre Bolivia y México ya estaban tensas desde que en noviembre pasado el país norteamericano concediera asilo al expresidente Evo Morales en ese país y a algunos exfuncionarios de su Gobierno en la residencia en La Paz.

La tensión escaló aún más y sumó a España después de que el Gobierno interino denunciara el pasado viernes que funcionarios de la Embajada española acudieron acompañados de "encapuchados" a la residencia de la embajadora mexicana en La Paz, donde se encuentran asilados algunos exministros bolivianos requeridos por la Justicia.

Las autoridades bolivianas aseguraron entonces que intentaron ingresar de forma "clandestina" a la residencia mexicana y consideró que hubo "atropellos" a su soberanía por el incidente.

El suceso fue interpretado por Bolivia como una intención de evacuar a exministros acusados de delitos como terrorismo por el Gobierno de Áñez.

LA REACCIÓN DE ESPAÑA

Horas después del anuncio de Áñez, el Gobierno español respondió "en reciprocidad al gesto hostil" del Ejecutivo interino boliviano declarando personas no gratas al encargado de Negocios de la embajada boliviana, Luis Quispe, el agregado militar Marcelo Vargas y el agregado policial Orso Fernando Oblitas.

Los tres funcionarios fueron designados durante la gestión de Evo Morales, según ha indicado la Cancillería boliviana.

España ha exigido al Gobierno de Áñez que "reconduzca y desescale los contenidos de sus afirmaciones y se recupere cuanto antes el buen sentido de confianza y cooperación" entre ambos países.

También ha rechazado "tajantemente cualquier insinuación sobre una supuesta voluntad de injerencia en los asuntos políticos internos" de Bolivia y ha aclarado que "cualquier afirmación en este sentido" constituye "una calumnia dirigida a dañar" las relaciones bilaterales entre ambos países "con falsas teorías conspiratorias".

El Gobierno de Madrid ha negado en todo momento que haya tratado de facilitar la salida de los exfuncionarios bolivianos de la residencia mexicana y ha mantenido que la visita de sus dos diplomáticos fue de "cortesía" e iban acompañados de "personal de seguridad" para su propia protección.

Una explicación que para el Gobierno interino de Bolivia es "inconsistente", si bien las autoridades nacionales han aclarado que no se busca romper relaciones con ninguno de estos países, sino de que acrediten a nuevos funcionarios en reemplazo de los expulsados.

APOYOS Y CRÍTICAS EN BOLIVIA

La medida de Áñez ha cosechado reacciones diversas en el ámbito político boliviano, desde halagos por hacer respetar la soberanía del país hasta críticas y peticiones de que reconsidere su decisión para no dañar las relaciones sobre todo con España.

Políticos como el delegado ante la comunidad internacional de Bolivia, el expresidente Jorge Quiroga, y el líder de la centrista Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, aplaudieron la decisión gubernamental.

Quiroga volvió a lanzar duras críticas contra el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y el partido español Unidas Podemos, a quienes acusó, entre otras cosas, de vulnerar la soberanía de Bolivia y practicar una "diplomacia encapuchada".

"Que el mundo entero sepa que Bolivia se respeta", escribió por su parte Doria Medina en Twitter.

La presidenta del Parlamento boliviano, la senadora Eva Copa, y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, ambos del partido de Evo Morales, criticaron por separado la medida.

Copa consideró que se está causando "mayor conflicto y daños bilaterales con países" que ayudaron a Bolivia e instó a Áñez a "repensar su posición" teniendo en cuenta que la Embajada de España colaboró en la pacificación del país durante la reciente crisis.

Choque sostuvo que el de Áñez "es un Gobierno transitorio que no tiene potestad para hacer lo que está haciendo".

LA SITUACIÓN EN LAS SEDES

El ambiente en las cercanías de la embajada y la residencia españolas en La Paz era tranquilo, sin manifestantes ni protestas de ningún tipo, mientras que en las cercanías de la residencia mexicana desde el pasado viernes hay una vigilia de activistas que buscan evitar la fuga de los exfuncionarios de Morales.

"Nosotros queremos que devuelvan a esos delincuentes que están adentro para que vayan presos (...) han hecho mucho daño a nuestro país", declaró a Efe Sandra López, una de las activistas.

La vigilancia policial en las dependencias de la embajada y la residencia mexicanas continúa, una acción que ha sido calificada por las autoridades de México como un "asedio".

El Gobierno transitorio boliviano ha justificado esa acción con base en peticiones de la Embajada de México para redoblar la vigilancia y tras considerar el riesgo de una protesta social para retirar por la fuerza a algunos funcionarios del Gobierno de Morales.

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