La inminente suspensión de las medidas de intervención de la Generalitat al amparo del artículo 155 de la Constitución no comportará necesariamente la disolución de la comisión conjunta creada en el Senado para tramitar la ley que permitió aplicar en este precepto constitucional en Cataluña.

Fuentes parlamentarias han explicado hoy que el funcionamiento de esta comisión, presidida por el presidente de la Cámara Alta, Pío García-Escudero, sólo depende de la propia Mesa de la institución, sin que se vea afectada por el fin de la aplicación del 155, y es a este órgano al que en última instancia correspondería disolverla.

Además, se da la circunstancia de que la Comisión del 155 tiene todavía pendientes varias iniciativas, entre ellas una comparecencia de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

Esta solicitud fue tramitada a petición propia el pasado 14 de marzo para informar sobre la ejecución de las medidas aprobadas por el Senado, y se anunció para después de Semana Santa.

La Cámara Alta tiene claro que la conformación del nuevo Govern de la Generalitat, una vez investido Quim Torra, hará que decaiga automáticamente la aplicación de las medidas del 155, pero no tanto que ello suponga acabar con la comisión "ad hoc" conformada por 27 miembros de las comisiones Constitucional y General de Comunidades Autónomas.

De hecho, las fuentes hacen notar que es posible que, si en el ejercicio de la función de control algún grupo parlamentario pide explicaciones al Gobierno por aspectos relativos a su gestión en Cataluña durante la vigencia del 155, deberían de atenderse en el seno de esta comisión conjunta, aunque se soliciten cuando ya no estén en vigor.

Otra cosa es que la evolución de los acontecimientos y los pasos que dé el nuevo Govern lleven al Gobierno a requerir nuevamente al Senado una aplicación del artículo 155, en términos diferentes a la actual, para lo cual tendría que seguir exactamente los mismos trámites que se dieron el pasado mes de octubre.

Ello obligaría a un requerimiento previo a la Generalitat para cumplir la ley y, en caso de no recibir respuesta satisfactoria, a especificar los aspectos concretos de aplicación del precepto constitucional que exigen el apoyo de la mayoría absoluta del Senado.

En un ejercicio parlamentario inédito en democracia, el Senado llevó a cabo una tramitación exprés de tan sólo una semana, de manera que los servicios de la Cámara Alta no ven problema en repetir el mecanismo si fuera necesario ante un nuevo exhorto del Ejecutivo.

Más dudas suscita la posibilidad de que unas nuevas medidas tengan o no un límite temporal, aspecto de especial complejidad que no está recogido en la Constitución y que fuentes de los grupos del Senado interpretan de forma diferente.

Porque, mientras unos creen que podrían aplicarse indefinidamente, como apuntan en el grupo socialista, otras fuentes del grupo popular y también del PNV albergan dudas al respecto.

Esta cuestión fue despejada desde el primer momento por el acuerdo adoptado por el Senado el pasado 27 de octubre, ya que fijaba su vigencia hasta el momento en que fuera designado un nuevo Govern de la Generalitat.

Entre tanto, las fuerzas políticas de la Cámara Alta aguardan con expectación la concreción en hechos de las declaraciones realizadas por Quim Torra tras su investidura, consideradas "fuegos de artificio" para el PSOE y que para el PDeCAT no tienen por qué ir más allá de una toma de posición de cara a la CUP .

En este sentido, fuentes de esta formación catalana muestran cierto optimismo ante la posibilidad de lograr una salida a la crisis catalana, una visión positiva de la que están más alejados otros grupos de la Cámara que insisten en que el perfil político de Torra "pinta mal" para ello.