El presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, se mostró este martes abierto a la posibilidad de que el expresidente catalán Carles Puigdemont, huido a Bélgica, y sus seguidores puedan hablar en Westminster (sede del Parlamento).

"Ellos pueden venir y hablar en el Palacio de Westminster y serán sumamente bienvenidos", dijo Bercow al responder a una pregunta en los Comunes de la portavoz laborista de Exteriores, Emily Thornberry, sobre si Puigdemont podría viajar al Reino Unido "sin ningún riesgo a ser arrestado para ser extraditado a España".

El Gobierno británico consideró este martes que las penas impuestas el lunes por el Tribunal Supremo español a nueve líderes catalanes por el referéndum ilegal de independencia de 2017 son "un asunto de España" y sus instituciones, pero resaltó que "los líderes políticos, como cualquiera, tienen el deber de acatar la ley".

"La posición del Gobierno de su majestad (la reina Isabel II) sobre Cataluña es clara y es que es un asunto de España", señaló el secretario de Estado de Exteriores, Chris Pincher, en una declaración en la Cámara baja.

En lo referente a un eventual viaje de Puigdemont al Reino Unido, el secretario de Estado dijo que "cualquier orden europea de arresto es un asunto de las autoridades que la emiten" y que no es habitual que su país haga un comentario al respecto "hasta que, o a menos que, se haya ejecutado esa orden".

En los Comunes Pincher, responsable de Europa en el ministerio de Exteriores británico, añadió que "el Reino Unido apoya enérgicamente el Estado de derecho y queda claro que los líderes políticos, como cualquiera, tienen el deber de acatar la ley".

Subrayó que el asunto de la independencia de Cataluña debe ser resuelto "dentro de los adecuados canales constitucionales y legales" y que las penas impuestas por la Justicia española son un "asunto de España" y de "sus instituciones democráticas".

La diputada galesa Hywel Williams, del partido nacionalista Plaid Cymru, preguntó a Pincher si el Gobierno del Reino Unido mantendrá el diálogo con el Ejecutivo español y la UE sobre las condenas impuestas a los políticos catalanes.

A esa cuestión, el secretario de Estado contestó que "esos parlamentarios tienen derecho a apelar ante el Tribunal Constitucional y, ciertamente, a la Corte Europea de Derechos Humanos". "Veamos cómo la Justicia sigue su curso", matizó.

Thornberry, por su parte, criticó la "mano dura" de las fuerzas del orden contra manifestantes catalanes, especialmente en el aeropuerto de Barcelona.

"Lo que vimos ayer fue el equivalente judicial de lo que vimos de la Policía española en las calles de Cataluña hace dos años", agregó la política laborista, que consideró "innecesaria" y "contraproducente" la carga policial.

La diputada calificó de "duras" las penas impuestas a los líderes catalanes, que, según opinó, harán que más catalanes se unan al movimiento independentista.

El Tribunal Supremo español (TS) decidió ayer dictar una nueva orden europea de detención y entrega de Puigdemont, declarado en rebeldía en España.

El Supremo español impuso además penas de entre 9 a 13 años de cárcel a nueve líderes catalanes por el proceso secesionista ilegal de 2017.