Unas mil familias reunificadas tras ser separadas en el marco de la política de "tolerancia cero" hacia la inmigración ilegal en EE.UU. cuentan ya con una orden y fecha de deportación, ha informado en las últimas horas el Gobierno estadounidense. Durante una audiencia en una corte federal de San Diego, los abogados del Departamento de Justicia ghan señalado que de ese millar un total de 392 familias están aún bajo custodia de las autoridades migratorias mientras que el resto se encuentra en libertad, aunque con un grillete electrónico.

Asimismo, Sarah Fabian, abogada del Departamento de Justicia, ha señalado que 650 menores no son elegibles de reunificación, cifra inferior a los 711 de los que dio cuenta en un escrito remitido a la corte el jueves y entre los que figuran 431 hijos de padres que ya no están en el país. De acuerdo con una orden del juez Dana Sabraw, el Gobierno de EE.UU. tenía de plazo hasta antes de que terminara este jueves 26 de julio para reunir con sus padres a 2.551 menores indocumentados entre 5 y 18 años, aunque finalmente las autoridades dieron cuenta ayer de la reunión de más 1.800 familias que consideró que eran elegibles para ello.

El juez, a cargo de una demanda planteada contra las autoridades migratorias por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), ha informado de que este fin de semana tomará una decisión sobre el la petición de que las familias inmigrantes no sean deportadas hasta que pasen siete días de su reunificación. La organización demandante ha señalado que ante el caos que es todo el proceso, las familias inmigrantes requieren tomar una decisión más meditada sobre si es que inician un largo y complicado proceso migratorio para quedarse en el país o regresan a sus países de origen.

"Las familias no han tenido la oportunidad de decidir qué hacer con su futuro, si continúan con el largo proceso de petición de asilo, qué harán con los niños en caso de que no puedan seguir juntos, es algo muy difícil de decidir cuando llevan separados varios meses", señaló el jueves el subdirector y abogado principal en esta materia para ACLU, Lee Gelernt. En la audiencia del pasado viernes, Sabraw volvió a destacar el trabajo hecho por el Gobierno para reunificar a las familias, pero criticó que no hayan tenido un registro preciso de los padres deportados y los que fueron liberados a la espera de que un juez de inmigración decida sobre sus peticiones de asilo.