La Fundación Víctimas del Terrorismo (FTV) ha expresado su "total rechazo" a la decisión del Gobierno de retirar el recurso contra ley vasca de víctimas policiales, presentado por el anterior Ejecutivo del PP, "sin que se haya producido ninguna modificación en el articulado de la misma que así lo justifique".

El Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez ha decidido esta retirada después de acordar con el Gobierno Vasco la reforma de la norma para recalcar que su objetivo no es buscar responsabilidades, sino resarcir a los afectados.

La presidenta de dicha Fundación, Marimar Blanco, ha recordado en un comunicado que la interposición del recurso por el anterior Gobierno fue avalada por el Consejo de Estado en un dictamen de mayo de 2017, en el que concluyó que "existen fundamentos jurídicos suficientes para la interposición de recurso de inconstitucionalidad".

La Fundación que preside la hermana del concejal del PP de Ermua asesinado por ETA en 1997 considera que "dichos fundamentos siguen existiendo, en la medida que dicha norma invade competencias exclusivas del Estado y ampara la vulneración de derechos fundamentales de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad".

Denuncia, además, que, como hace la citada ley vasca, "declarar víctimas y 'verdugos', sin las más elementales garantías reconocidas por nuestro derecho penal y procesal, no sólo atenta contra el honor de los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, sino que lo hace también contra todo el colectivo de víctimas del terrorismo, al favorecer un relato falaz de toda la actividad terrorista desarrollada por ETA".

La FVT apunta, además, que la retirada de dicho recurso "resulta aún más injustificada" tras la sentencia del Tribunal Constitucional en la que se ha declarado inconstitucional la mayor parte de la Ley Foral navarra de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos, "cuyo contenido es prácticamente idéntico a la ley vasca en muchos de los preceptos anulados".

Esta Fundación advierte también de que la retirada del recurso "dejará sin efecto la suspensión de la ley, acordada por el Tribunal Constitucional por auto 130/2017, de 3 de octubre de 2017, haciendo que la misma pueda aplicarse de forma inmediata, pese a que el propio Gobierno reconoce la necesidad de su modificación".

Incide, por último, en que la retirada del recurso contra dicha ley vasca "permite la entrada en vigor de una norma que atenta gravemente contra los derechos fundamentales" de los integrantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.