El equipo de gobierno de la Diputación de Valencia ha acordado este lunes el cierre "ordenado" de la empresa pública Divalterra, la antigua Imelsa, tras la investigación judicial abierta por posible prevaricación y malversación en la contratación de altos cargos.

Así lo ha anunciado la presidenta en funciones de la corporación provincial, Maria Josep Amigó, tras la reunión del equipo de gobierno que iba a convocar la junta de portavoces para la celebración, previsiblemente esta semana, del pleno donde se hará efectiva la renuncia de Jorge Rodríguez como presidente de la Diputación a raíz de su investigación en la operación Alquería.

En esa operación se detuvo a Rodríguez y a cinco cargos más de la Diputación por las sospechas en torno a varios contratos de alta dirección en Divalterra, que quedaron en libertad pero siguen investigados judicialmente por los delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación.

A raíz de esa operación el PSOE suspendió de militancia a Rodríguez, a quien el PSPV también apartó de sus cargos orgánicos, y llevó al también alcalde de Ontinyent a renunciar a la presidencia de la Diputación y al acta de diputado provincial, así como a la delegación temporal de funciones en su Ayuntamiento mientras dure la investigación judicial, declarada secreta.

Divalterra cuenta actualmente con unos 700 trabajadores y nació para la gestión forestal y las iniciativas de empleo local y rural en la provincia de Valencia.