Hace tiempo que era necesario poner al día la legislación vigente sobre los tratamientos con sustancias de origen humano, las donaciones o las aplicaciones farmacéuticas de las mismas. Por eso, la UE va a derogar varias directivas y va a incorporar los avances científicos y técnicos. Como ha explicado la ponente, Nathalie Colin-Oesterlé, eurodiputada francesa del Partido Popular Europeo, es una ley crucial para la seguridad de los donantes y del suministro, que refuerza el principio de voluntariedad y evitará la explotación de personas vulnerables. Cada año, los pacientes europeos se benefician de más de 25 millones de transfusiones de sangre, más de 35.000 trasplantes de células madre (principalmente para cánceres de sangre) y cientos de miles de tejidos de reemplazo (problemas ortopédicos, cutáneos, cardiacos u oculares). Pero es un debate que se adentra en otro mucho más complejo --el de la vida humana y el ser humano-- y rompe los límites.

La clave está en la definición: ¿qué se entiende por sustancia de origen humano? Porque no es lo mismo una muestra de saliva que un tejido fetal, por ejemplo. Sin embargo, bajo el concepto SoHO (Sustancias de Origen Humano, por sus siglas en inglés), se engloba todo. Plasma sanguíneo y fetos, células de la piel y embriones. Sin distinción entre lo que son seres vivos y lo que no.

Dentro de la propuesta legislativa que se ha aprobado este miércoles en el pleno del Parlamento Europeo, son los puntos 5 y 61 del artículo 3 (páginas 36 y 41 respectivamente del documento en español) los que ofrecen las siguientes definiciones:

«sustancia de origen humano» o «SoHO»: cualquier sustancia obtenida del cuerpo humano del modo que sea, tanto si contiene células como si no, e independientemente de que dichas células estén vivas o no; a efectos del presente Reglamento, la definición de «SoHO» no incluye los órganos en el sentido del artículo 3, letra h), de la Directiva 2010/53/UE;

«células reproductoras»: todas las células destinadas a su utilización con fines de reproducción asistida

Tal y como está formulado, aseguran expertos en bioética consultados por COPE, podría chocar incluso con la Convención de Derechos Humanos y Biomedicina, conocida como Convención de Oviedo, que regula la protección de la dignidad y la identidad de todos los seres humanos y que, a día de hoy, es el texto de referencia internacional que se utiliza como base de la bioética porque es el único instrumento con carácter obligatorio. Y prohíbe expresamente la creación de embriones para la investigación, que es otro de los aspectos que la nueva normativa europea desdibuja.

Desde la COMECE, organismo que engloba a las Conferencias Episcopales europeas, y que es quien ha dado la voz de alarma ante la votación de este miércoles, señalan a COPE que aún hay tiempo para enmendarlo y que los gobiernos de los 27 pueden impedir que se abra una puerta peligrosa. Su secretario general, Don Manuel Barrios, afirma: “En principio, nuestras sugerencias no han sido acogidas en esta primera votación, pero está bien haberlo sacado a la luz en esta fase inicial del proceso jurídico. Lo que pedimos es más claridad sobre el término SoHO y la protección del embrión humano, y que se distinga de otro material de origen humano, como sangre, tejidos o células. Hacemos un llamamiento a que estas cuestiones se aclaren a lo largo de las negociaciones que se llevarán a cabo ahora con la Comisión y el Consejo”.

Y Friederike Ladenburger, responsable del Comité de Ética de COMECE, precisa en los micrófonos de COPE: “Obviamente, como Iglesia católica estamos preocupados por la inclusión de esta amplísima definición en el reglamento que ha adoptado hoy el Parlamento Europeo sobre el uso de sustancias de origen humano. Tal y como está formulado, el embrión estaría incluido en este paraguas y, obviamente, necesitamos que haya más claridad en las próximas fases porque la protección de la vida humana, incluida la del no nacido, es insuficiente”.

Una vez aprobado el informe de hoy –y rechazadas las enmiendas que solicitaba la COMECE--, los europarlamentarios iniciarán las negociaciones sobre la forma final de la legislación, y deberán acordarlo a su vez con el Consejo, donde tienen voz y voto los 27 gobiernos de la Unión Europea.