“El partido empieza a jugarse ahora” y “el Presidente volverá a dar una lección de que con él no vale hacer pronósticos”, difunden tanto en La Moncloa como en la calle Ferraz. Bajo esa convicción, Pedro Sánchez afronta una primera prueba de fuego el próximo 28 de mayo de lo que resta de Legislatura. El momento de saber cuál es el veredicto que los ciudadanos otorgan a su poder local y territorial como antesala de las generales de diciembre. Porque, para bien o para mal, las urnas de dentro de cinco meses, marcarán ineludiblemente la batalla definitiva.

El PSOE arranca la carrera con peores cartas que un PP en alza. Al fin y al cabo, 9 de las 12 comunidades a examen están presididas actualmente por socialistas y parece hacerse cuesta arriba que puedan mantener el poder en todas ellas, a pesar de la confianza trasladada por el núcleo duro. Son Asturias, Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana, Navarra, Extremadura, La Rioja, Canarias, Baleares y Aragón. Ahora mismo están internamente extendidas las dudas con el futuro de La Rioja y la Comunidad Valenciana. El objetivo de mantener la condición de fuerza más votada a nivel municipal también se diluye, más allá de tener puestas todas las miras en la reconquista de Barcelona, lo que dejó de ocurrir para los socialistas en 2011.

Distintos barones y otros dirigentes son menos optimistas que el estado mayor de un Sánchez, condicionado por sus socios, que los ha sacudido con polémicas iniciativas propias. Cuestiones como el borrado de la sedición, la rebaja de la malversación o las fallas de la ley del Solo Sí es Sí, han sembrado de inquietud a federaciones cuyos líderes han decidido alejarse al máximo del Ejecutivo en el intento de eludir el efecto contagio. La cúpula federal va a comprobar si, como sostiene, “no perderemos apoyos en la meseta por la estrategia con Cataluña”. Si el PSOE salva los muebles o el resultado es aceptable, Sánchez callará muchas bocas.

En cambio, si el test electoral acaba en desastre, habrá ruido interno. Y en la misma Ferraz admiten que, de firmar una debacle el 28-M, “no habría capacidad de reacción” de cara a las generales. “La suerte estaría echada”, confiesan. Ahora bien, el círculo del Presidente confía en superar el ciclo electoral, habiendo recobrado impulso y con la reválida de su poder. Pedro Sánchez insistirá en proyectar este lunes ante su Ejecutiva Federal una imagen de fortaleza frente a Alberto Núñez Feijóo al que combatirá con ahínco para tratar de taponar el trasvase de votos, azuzando además el miedo a una entente PP-Vox de dudosa rentabilidad, y en marcar el paso a lomos de su supuesta hoja de servicios para afrontar la crisis como principal activo, actuando como si el último paquete de medidas fuese capaz de borrar la extendida imagen del alejamiento de la mayoría social. “Es lo que se percibe en la calle”, constatan cuadros territoriales, con una actitud fría ante el plan anticrisis, temerosos de la cuesta de enero.

La pugna de Yolanda Díaz

Pedro Sánchez quiere ver zanjada cuanto antes la batalla en el espacio a la izquierda del PSOE. Yolanda Díaz y Podemos deben aclarar su relación. Acuerdo o divorcio de cara a las generales cuando los del tándem Ione Belarra - Irene Montero aún serían capaces de aglutinar cerca de un tercio de los electores de 2019. La pregunta de los socialistas es si esa zona de juego político aguantará su agitación con unas municipales y autonómicas como parada previa en las que la vicepresidenta segunda apenas prevé implicarse para eludir su desgaste.

Un hundimiento de los morados el 28-M pondría en peligro gran parte del poder regional y local del PSOE. Todo un aviso, a la vez, para Sánchez consciente de que una candidatura de unidad entre Díaz y Podemos es una condición imprescindible para lograr el fin último de Sánchez de reeditar el Gobierno de coalición. “Sin la concentración de un 12% del voto a nuestra izquierda, estamos jodidos”, confiesan a COPE desde el alto mando socialista.

“A la derecha hay que señalarla”

El Gobierno y el PSOE se ha dejado marcar la agenda de la primera semana del año y ha recibido como una andanada que el PP volviese a agitar la amenaza de Europa tras blandir la despolitización del Consejo General del Poder Judicial. La Moncloa ha aparecido anclada en su premisa: La renovación debe producirse bajo las actuales reglas antes de dar cualquier otro paso. Con idéntico ahínco, estiman obligado “hacer frente a la involución” de los populares, tal y como lo codifica la órbita socialista.

Voces socialistas apuntan a la necesidad de contrarrestar la reforma legal impulsada por la Oposición. El círculo presidencial ha optado por la cautela, aunque sin ocultar su malestar. “A la derecha hay que señalarla”, repiten. El margen de maniobra está acotado para el Gabinete sabiéndose bajo vigilancia de Bruselas. Todo puede quedar en el reiterado llamamiento a Alberto Núñez Feijóo a cumplir con el acuerdo casi cerrado el pasado octubre. El choque condena la proposición del PP a un breve recorrido en las Cortes. El Ejecutivo cuenta con la mayoría de la investidura para tumbarla sin siquiera arrancar su tramitación.