“Es la pataleta de quien no tiene razón”, dicen a COPE fuentes fiscales. Y aseguran que el reglamento de creación de la Fiscalía Europea es muy claro. El artículo 25, apartado 6 del Reglamento 1939 del 12 de octubre de 2017, año de creación de la Fiscalía Europea, establece que será la autoridad nacional quien resuelva un conflicto. Y la autoridad nacional es la Fiscalía General del Estado. En el caso de jueces la autoridad competente para resolver será la Sala Penal del Tribunal Supremo.

Las fuentes consultadas señalan que la decisión de que la investigación sobre el contrato del hermano de Isabel Díaz Ayuso continúe en Anticorrupción no supone ningún “desafío a la supremacía” del derecho de la Unión Europea, tal como dice el escrito de la Fiscalía comunitaria. Puede que piensen, señalan, que como se trata de una institución europea tiene que estar por encima, pero el Reglamento de la propia Fiscalía Europea lo dice “con toda claridad”. Y tal como quedó establecido el lunes en la Junta de Fiscales de Sala el Ministerio Público europeo, cuya representante española es Concepción Sabadell, fiscal del caso Gürtel, podrá investigar en relación a un posible fraude a la Hacienda de la Unión.

Para la Fiscalía de la UE la decisión de Dolores Delgado no se ajusta al derecho comunitario, toma nota y anuncia que seguirá adelante con la investigación. El decreto firmado por Delgado señalaba que “se trata de comportamientos que afectan directa y esencialmente a intereses nacionales, lo que sitúa estas conductas en la órbita del correcto funcionamiento de la Administración española y, por tanto, debe ser la Fiscalía nacional quien determine si hay suficientes indicios de cara a un procedimiento penal”. Y eso corresponde a Anticorrupción. La Fiscalía que dirige Alejandro Luzón no contempla, hasta ahora, delito de malversación. Las mascarillas se compraron.

Las fuentes consultadas no descartan que “todo este lío” se produzca porque está detrás el nombre de Isabel Díaz Ayuso. Y se preguntan por qué no hacen lo mismo con otros contratos más cuantiosos que corresponden a otros gobiernos.