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JUICIO PROCÉS (Previsión)

A vueltas con el dinero del 1-O

Intercambio de miles de cartas para el 1-O en un polígono, proveedores que misteriosamente devuelven facturas a la Generalitat y pagos de los que ésta se desentiende. Hasta ahora, el juicio del "procés" ha servido para acumular más dudas que respuestas sobre una cuestión clave: ¿Quién pagó todo esto?,No es un tema menor, más bien al contrario, dado que el delito de malversación pesa sobre nueve miembros del Govern de Carles Puigdemont, que sie

Agencia EFE

Tiempo de lectura: 3'Actualizado 10:42

Miriam Mejías y Rafa Martínez

Intercambio de miles de cartas para el 1-O en un polígono, proveedores que misteriosamente devuelven facturas a la Generalitat y pagos de los que ésta se desentiende. Hasta ahora, el juicio del "procés" ha servido para acumular más dudas que respuestas sobre una cuestión clave: ¿Quién pagó todo esto?

No es un tema menor, más bien al contrario, dado que el delito de malversación pesa sobre nueve miembros del Govern de Carles Puigdemont, que siempre negaron que destinasen un solo euro a la organización del referéndum del 1 de octubre de 2017.

Sin embargo, siguen sobrevolando en el juicio las facturas sobre encargos relacionados con el 1-O de las que se han desentendido, uno por uno, todos los cargos medios de la Generalitat que han pasado por el Supremo, sin contar los que han preferido no responder por estar imputados en otro procedimiento.

Sus testimonios han dejado entrever una especie de guion que siempre se cumple: supuestamente la Generalitat encarga trabajos, los proveedores los realizan, se emiten facturas que nunca son abonadas y, salvo dos, nadie reclama.

Porque toda esta maquinaria se deslizó entre unos cargos que no recuerdan nada, que responden con evasivas y que se ponen de perfil cuando comienzan a llover facturas, hasta el punto de que la sombra del falso testimonio planea ya sobre algunos de ellos, como así lo dejó ver el tribunal tras el catálogo de "no recuerdos" y "no sé nada" del responsable de las campañas de publicidad del 1-O, Jaume Mestre, empantanado en un mar de imprecisiones.

A él le correspondió la primera petición de falso testimonio por negar todo contacto con la presidenta de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, Nuria Llorach, que no solo pronunció su nombre en mayúsculas en la fase de instrucción, sino que persiste en su intención de cobrar las dos facturas de 93.179 y 184.624 euros que el ente público remitió a Presidencia.

Unas facturas que le quemaron los dedos a la directora de servicios de Presidencia el 1-O, Teresa Prohías, cuando tras confirmar su existencia se desentendió asegurando que no había ningún expediente, y que solo puede responder de los trámites que hacen "de forma legal", una defensa tan técnica como sospechosa que abre las puertas a otro tipo de maniobras.

Prohías -condenada por el Tribunal de Cuentas por el 9N- también alardeó de desmemoria recordando por momentos a la testifical de la diseñadora Teresa Guix que realizó la web 'Pacte pel referèndum', quien encadenó cuatro "no recuerdo" consecutivos que irritaron al tribunal.

Entonces hiló dos frases para decir que hizo una factura negativa para no cobrar su trabajo de 2.700 euros por "prudencia" tras ser citada por la Guardia Civil. A Prohías le hizo un favor, pues ésta solo tuvo que escudarse en que la otra no quiso cobrar.

Otro que trató de salvar el expediente fue Enric Vidal, coordinador de acción política de ERC en Badalona y señalado por imputados como el intermediario de la Generalitat que encargó trabajos de cartelería a tres imprentas.

Hizo gala de un relato inconexo, lleno de inexactitudes, evasivas y vertebrado en "un tal Toni", que era el enlace de la Generalitat y a quien tras verle en vivo y en televisión identificó vagamente como Antoni Molons, el secretario de comunicación del Govern.

Y aunque el enigma de Toni quedará sin resolver, pues Molons renunció a declarar, la credibilidad de Vidal la quebró un empleado de una imprenta que declaró a continuación.

Enric Marí contradijo a Vidal y aseguró que éste le dijo que debían girar una factura de servicios de cartelería valorados en 17.250 euros a la Generalitat y que ellos solo harían un tercio del total "porque les corría mucha prisa" y porque así, según "comentó por encima", se disminuirían riesgos en un posible registro de la Guardia Civil. Pero finalmente el trabajo no se entregó y la empresa no facturó.

Lo que sí que se pagó, esta vez a cargo del Diplocat (un consorcio financiado mayoritariamente por el Govern), fueron los viajes de un grupo de "expertos" a Cataluña los días previos al 1-O, que la Fiscalía identifica como observadores internacionales.

También lo pensaba así la Generalitat, que los presentó como la primera "misión internacional de observación electoral", pero no el ex secretario general de Diplocat Albert Royo, que dejó claro que solo eran expertos que vinieron a "hacer un análisis académico" de la "realidad catalana".

Y volviendo a las facturas, también está el tema de Unipost. La Generalitat se desentendió de los 240.000 euros que aparecieron en una nota de entrega a la empresa que, por cierto, protagonizó uno de los momentos más surrealistas del juicio de la mano de uno de sus directivos.

Él mismo, según dijo, acudió un sábado a un polígono de Barcelona a un encuentro con unos "transportistas" que le entregaron tres palés con más de 40.000 certificados de miembros de mesas de votación con el logotipo de la Generalitat y sin albarán. No es "habitual", admitió, pero no estaban "en disposición" de decir que no a "un cliente con ese volumen de facturación".

Y entre estas idas y venidas de facturas, encargos y escenas rocambolescas, a día de hoy solo hay dos proveedores que siguen reclamando su dinero a la Generalitat.

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