La vicepresidenta de la Comisión Europea encargada de Justicia, Vera Jourova, ha confirmado este martes que cerrará "en los próximos días" el proceso sancionador iniciado hace ocho años contra Polonia por poner en riesgo el Estado de derecho y la independencia judicial; una decisión que llega tras constatar la determinación del nuevo Gobierno polaco de "corregir y reparar" la situación y que cuenta con un amplio respaldo entre el resto de socios de la UE.

"Creo que se dan las condiciones para decir que ya no se da el caso de una clara ruptura del Estado de derecho en Polonia", ha declarado Jourova a la prensa en un receso del Consejo de ministros de Asuntos Generales de la UE en donde los 27 han tenido una discusión sobre el caso. La política checa no ha querido poner fecha al fin del expediente pero ha dicho que, en todo caso, será antes de que acabe mayo.

Bruselas ya adelantó a principios de mayo su intención de dar por cerrado este expediente sancionador, iniciado en 2017 por la deriva antidemocrática del anterior Gobierno ultraconservador polaco; pero antes de formalizar la normalización de las relaciones con Varsovia, la vicepresidenta comunitaria ha querido discutir el asunto con los Veintisiete.

El caso se remonta a diciembre de 2017, cuando el Ejecutivo comunitario decidió activar el Artículo 7.1 del Tratado de la Unión Europea contra Polonia por poner en riesgo grave la salud democrática del país y del bloque; un proceso que, de ser llevado hasta el final, prevé sanciones contra el país como la suspensión de su derecho a voto en la toma de decisiones del Consejo.

Jourova ha defendido que las cosas han "cambiado" en Varsovia con el nuevo Gobierno y que el 'plan de acción' presentado en febrero por este país para enmendar la situación es un claro ejemplo de su compromiso.

"Vemos claramente la determinación para corregir y reparar las cosas", ha razonado la vicepresidenta comunitaria, quien, además, ha puesto en valor que Polonia "reconozca" que hay un problema que resolver y también que haya reconocido la primacía del Derecho comunitario, algo que el anterior Gobierno y sus tribunales pusieron en duda.

En este contexto, los países de la Unión han mostrado un "muy amplio apoyo" a la Comisión Europea en su decisión de retirar la propuesta de expedientar a Polonia, lo que en la práctica desactiva el proceso, según ha explicado en declaraciones a la prensa la ministra de Exteriores belga y presidencia de turno de la UE, Hadja Lahbib.

"Hay un claro compromiso de restaurar el Estado de derecho, en línea con los valores y principios de la UE", ha remachado la ministra belga. Jourova, por su parte, ha querido dejar claro que el hecho de desactivar el Artículo 7.1 no supone que Polonia no vaya a seguir estando "vigilada", porque Bruselas continuará su escrutinio a través del informe anual sobre Estado de derecho en cada Estado miembro que presenta cada verano.

Tras cinco años en los que no hubo avances, el cambio de Gobierno en Polonia con la salida del ultraconservador Mateusz Morawiecki y la vuelta de Donald Tusk como primer ministro --de la familia del Partido Popular Europeo y predecesor de Charles Michel al frente del Consejo Europeo-- rebajó la tensión y permitió los primeros gestos de acercamiento entre Bruselas y Varsovia, incluido el primer desembolso en abril de 6.300 millones del fondo anticrisis de la UE.