El mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluis Trapero ha aceptado este jueves testificar en el juicio a la cúpula del "procés" en el Tribunal Supremo, pese a que está pendiente de ser juzgado por rebelión en la Audiencia Nacional por la supuesta pasividad de la policía autonómica el 1-O.

Trapero, para quien la Fiscalía pide 11 años de cárcel en su juicio en la Audiencia Nacional, ha anunciado al tribunal que juzga a la cúpula del "procés" en el Supremo que testificará, después de que el presidente de la sala, Manuel Marchena, le haya avisado de que puede no contestar a las preguntas que puedan perjudicarle.

El exjefe de los Mossos está prestando declaración acompañado de Olga Tubau, abogada que le defiende en la causa que tiene abierta en la Audiencia Nacional.

Antes del interrogatorio, Tubau ha pedido formular unas "consideraciones" sobre la declaración de Trapero ante el Supremo, lo que el presidente de la sala le ha denegado y, además, le ha advertido de que el mayor no podrá contar con su asesoramiento durante la testifical, más allá de aconsejarle si debe contestar o no alguna pregunta concreta.

El mayor, que fue destituido con el 155, comparece desde de las 11:00 horas como testigo en el Tribunal Supremo, donde se ha erigido en uno de los principales protagonistas del juicio a la cúpula del "procés", por su papel clave tanto en el registro a la Consellería de Economía el 20S como especialmente por el dispositivo policial del 1-O.

Pese a no estar en el banquillo del Supremo, altos cargos del Ministerio del Interior de la época, mandos de Policía Nacional y Guardia Civil durante el 1-O y, especialmente, el coordinador del dispositivo para impedir el referéndum, Diego Pérez de los Cobos, han arremetido en el juicio contra Trapero, a quien ven como el principal culpable de que el operativo de los Mossos fuese una "estafa".

Además del papel de los Mossos durante el 20S y el 1-O, es determinante oír en boca de Trapero su versión sobre tres reuniones clave: las que convocó el 26 y el 28 de septiembre para emplazar a Carles Puigdemont a que desistiera de seguir adelante con el referéndum por el riesgo para la seguridad, y la de la Junta de Seguridad, en que los miembros del Gobierno le vieron alineado con el expresidente catalán.