El Pleno del Senado ha rechazado este miércoles una proposición de Vox para aprobar un Estatuto de Funcionarios de Cuerpos Nacionales de Instituciones Penitenciarias entre otras cuestiones porque el Gobierno ya negocia con los sindicatos una legislación para mejorar sus condiciones de trabajo.

Así lo ha recordado en su intervención el portavoz del PSOE, Miguel Dalmau, que ha manifestado el rechazo de su grupo a la iniciativa de Vox, que solo ha contado con el apoyo durante el debate de los representantes de PP y Ciudadanos.

La iniciativa ha sido defendida por la senadora de Vox Yolanda Merelo, que ha estimado necesario el citado estatuto para que, entre otras cuestiones, reconozca a los funcionarios de prisiones el carácter de agente de la autoridad al igual que los policías y los guardias civiles y para mejorar sus condiciones de trabajo con más medios humanos y materiales y un incremento retributivo.

El portavoz del PP, Fernando de Rosa, ha explicado que su grupo apoyaba la iniciativa a pesar de no ser tan ambiciosa como una similar que el grupo popular ya presentó en el Congreso de los Diputados y que fue rechazada "por el rodillo del Gobierno y sus socios comunistas".

Fernando de Rosa ha considerado muy importante la consideración de agentes de autoridad de estos funcionarios para que las agresiones que sufren no supongan solo sanciones disciplinarias o delitos leves.

Finalmente ha pedido al PSOE que deje de utilizar las instituciones penitenciarias para sus intereses políticos. "No a sacar a 200 presos a cambio de presupuestos", en referencia a reclusos de la banda terrorista ETA.

El portavoz del PSOE, Miguel Dalmau, ha recordado que el Ministerio del Interior lleva tiempo trabajando y negociando con los sindicatos para remitir en esta legislatura a las Cortes un proyecto de ley en el que se reconocerá la condición de agente de autoridad a estos funcionarios y para dotarles de más medios y capacidades.

Dalmau ha lamentado la intervención del representante del PP porque, según ha dicho, "en siete años de Gobierno popular abandonaron las instituciones penitenciarias y no solucionaron" los problemas de los funcionarios de prisiones".

Ha destacado que con el actual Gobierno socialista ya se han ofertado más de 900 puestos de trabajo en este colectivo y que con las incorporaciones de los procesos selectivos la plantilla estará formada por unos 25.000 empleados públicos.

Además ha indicado que tal como está redactado el texto de Vox parece que supondría la derogación de los traspasos de competencias penitenciarais a Cataluña y el País Vasco, aprobados en aplicación de la Constitución y los estatutos de autonomía.