El PP de Salamanca ha defendido este miércoles la legalidad del proceso de primarias de 2017, por el que un juez ha decidido imputar al presidente provincial de los populares, Javier Iglesias, a su gerente y al propio partido como persona jurídica, y ha confiado en que "el caso sea archivado".

En un comunicado de prensa, el PP de Salamanca se ha referido a esa decisión judicial en la que el juez ve indicios racionales de la presunta comisión de este delito a través de las donaciones anónimas que sirvieron para pagar cuotas atrasadas de afiliados del PP, de forma que pudieran participar en las primarias, por lo que llama a declarar a los investigados el próximo 30 de diciembre.

Se trata del proceso de primarias de 2017 que desembocaron en la elección como candidato del PP del actual presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.

"Miembros del Partido Popular de Salamanca llevaron a cabo un proceso totalmente legal, que consistió en pagar cuotas de afiliados para ponerles al corriente de pago y que, de este modo, pudiesen participar en el proceso de primarias que tuvo lugar en el mes de marzo de 2017", ha recordado el PP de Salamanca en el comunicado.

Y ha sostenido que "el pago de deudas (cuotas) de terceros está expresamente permitido por nuestro Código Civil, y su ajuste a la legalidad en el caso del Partido Popular de Salamanca ya fue refrendado por la propia Audiencia Provincial de Salamanca".

Ha incidido en que "exclusivamente para el pago de estas cuotas, cargos y afiliados del Partido aportaron dinero de su bolsillo, de forma voluntaria y desinteresada, en un ejercicio de colaboración entre compañeros".

"Se pretendía hacer más democrático y abierto el proceso y que un número mayor de afiliados pudiesen participar y votar de forma libre, como así fue en realidad. El importe total de dichas aportaciones fue destinado a tal fin", ha añadido.

El PP de Salamanca ha insistido en que "la actuación realizada por todos sus cargos ha respetado siempre la legalidad vigente", por lo que confía en que "tras las investigaciones por parte de la justicia, este caso sea archivado".

Ha observado que el origen del proceso fue una "denuncia anónima, secundada por un partido político (Los Verdes-Foro de Izquierdas) que ha actuado como acusación popular", por lo que a su juicio hay "un interés de causar un daño político por parte de un adversario que no ha logrado su objetivo en las urnas".

Y ha defendido que "lo se dirime" en el proceso judicial abierto "son cuestiones internas de un partido político. En ningún caso tienen que ver con la administración pública, sino que se refiere a un proceso de participación interno de un partido".