"Persecución política", falta de competencias del Supremo e inexistencia del delito de sedición en otros países de la UE son algunos de los argumentos que esgrimirá la defensa de los eurodiputados Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí para que el Parlamento Europeo rechace los suplicatorios sobre su inmunidad.

La Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo iniciará el próximo lunes 16 de noviembre la revisión de las solicitudes de levantamiento de inmunidad de los tres eurodiputados de JxCat, tras varios meses con este proceso en pausa debido a la crisis del coronavirus.

La suspensión de la inmunidad ha sido solicitada por el juez del supremo Pablo Llarena, con el objetivo de continuar con su procedimiento de entrega para que sean juzgados en España por sedición.

Según han explicado fuentes de Junts-Lliures per Europa, la defensa de los tres eurodiputados para considerar que el suplicatorio debe ser rechazado se basará en el principio de "fumus persecutionis", es decir, de "persecución política", en base a la sospecha y pruebas "sólidas" de que el proceso judicial "se ha iniciado con intención de causar daños a la actividad política del diputado".

Como ejemplos de esa persecución política, JxCat apunta a la actual "vulneración" de la inmunidad de los eurodiputados o el "sesgo ideológico" del sistema judicial español, por lo que en caso de acabar siendo extraditados no se les garantizaría un juicio justo, expresan desde esa formación.

Este será un elemento clave de la defensa, pero no el único: según esas fuentes, otros argumentos incidirán en la falta de competencias del Tribunal Supremo -al considerar que no es órgano competente-, así como en la inexistencia del delito de sedición en otros países de la Unión Europea.

Se alegará pues que se debe rechazar la suspensión de la inmunidad porque el suplicatorio tiene "defectos de procedimiento", como también que las acusaciones no están fundamentadas.

Entre los defectos de procedimiento, se apunta además al hecho de que las comparecencias de los eurodiputados puedan hacerse de forma telemática, lo que no garantizaría sus derechos, o que un mismo ponente se encargue de los tres casos, cuando dichas fuentes recuerdan que entre las normas de la comisión está que cada caso de inmunidad sea abordado por un ponente distinto.

Pero también se apuntará a la propia composición de la comisión, empezando desde el ponente principal, el búlgaro Angel Dzhambazki, del mismo grupo de Vox; hasta el hecho de que un 25 % de integrantes de la comisión, entre titulares y suplentes, son de partidos españoles (PSOE, PP, Cs y Vox), por lo que desde Junts se considera que la neutralidad del proceso podría estar en entredicho.

A efectos de calendario, el procedimiento del suplicatorio en el Parlamento Europeo tendrá cuatro pasos. Según dichas fuentes, cada paso requiere un mínimo de un mes, por lo que prevén que el procedimiento pueda alargarse al menos durante cuatro meses, o incluso más si se requiriera de más tiempo para estudiar la documentación o tomar una decisión.

En primer lugar, este lunes, se presentará el caso en el Comité de forma absolutamente confidencial -solo podrán asistir el ponente y los tres eurodiputados-, con una presentación breve por parte del ponente y derecho a réplica.

A continuación, a principios de diciembre, habrá un segundo paso, con una vista dentro de la comisión para que los eurodiputados puedan explicarse; en el tercer paso, el ponente redactará un borrador de ponencia que se discutirá en el la Comisión; y, en cuarto lugar, en ese mismo mes o en el mes siguiente, se votará la ponencia.

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Esas fuentes consultadas de JxCat consideran que, en caso de que finalmente saliera adelante el suplicatorio y se les retirase la inmunidad, se regresaría a la casilla de salida: es decir, el juez Pablo Llarena podría reactivar la solicitud de extradición, pero todo dependería de la decisión final del juez de cada país y en ningún caso de la Eurocámara.

Además, desde Junts avisan de que si se dieran esas "irregularidades" en el procedimiento y no se respetasen los derechos de los eurodiputados, llevarán el caso hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Y la estrategia de Junts no solo se ceñirá al espectro legal, sino también al político, ya que prevén desplegar acciones de comunicación para denunciar la "injusticia" del procedimiento y de los propios "instrumentos" del Estado español.