El Gobierno se ha propuesto seguir su ofensiva contra Castilla y León. El choque, admiten en La Moncloa a COPE, les concede la oportunidad de confrontar con las políticas de derechas y la posibilidad de minar la imagen de moderación de Alberto Núñez Feijóo. "Hay que actuar con inteligencia, no a golpes", aducen desde la sala de máquinas.

De ahí su interés en apagar un uso del artículo 155 para intervenir las competencias autonómicas y centrar el foco en la expectativa de "una coalición del miedo", como la ha bautizado Pedro Sánchez: la suma de PP y VOX, como reclamo para movilizar a la izquierda. El Consejo de Ministros, va a quedar al servicio de esa estrategia, aunque a ojos de dirigentes socialistas, ya ha demostrado su ineficacia. La institucionalización de los de Santiago Abascal está naturalizada, pero Sánchez rechaza tirar la toalla.

Más allá de todo esto, el Consejo de Estado abordará este jueves el dictamen del proyecto de real decreto de revisión de los 12 planes hidrológicos, que incluye la fijación de caudales ecológicos en el río Tajo, que supondría una reducción de las aportaciones al trasvase al Segura, que tanta controversia ha avivado entre las comunidades autónomas implicadas. El máximo órgano consultivo gubernamental debatirá el acuerdo alcanzado en la reunión del Consejo Nacional del Agua del pasado 29 de noviembre y emitirá un informe "favorable o desfavorable", antes de su futura aprobación en un próximo Consejo de Ministros.

También está previsto que se apruebe el anteproyecto de la ley estatal de servicios sociales que pretende garantizar una protección mínima en el conjunto del territorio español, a través de un catálogo de servicios y prestaciones básicos acordado entre las comunidades autónomas. El texto no define los servicios comunes, sino que mandata a las propias comunidades autónomas, en las que recae la competencia exclusiva de los servicios sociales, a acordar en el seno de la Conferencia Sectorial un catálogo común de servicios y prestaciones básicos.