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El Principado tendrá un plazo de tres meses para declarar un proyecto de interés estratégico regional

Europa Press

Tiempo de lectura: 3'Actualizado 13:23

La tramitación parlamentaria del proyecto de ley PIER comenzará este lunes en la Junta General

El Gobierno del Principado de Asturias tendrá un plazo máximo de tres meses para declarar un proyecto como de interés estratégico regional (PIER) a darle una tramitación urgente y preferente. Así consta en lel proyecto del ley de Proyectos de Interés Estratégico Regional que ha sido aprobado este viernes por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias.

Según ha explicado en una rueda de prensa la consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico, Nieves Roqueñí, los promotores deberán hacer su solicitud en la Consejería. A partir de ahí se iniciará un expediente por parte de la Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación Asturiana (Sekuens), que elaborará los informes correspondientes y requerirá informes de otras administraciones. En el plazo de tres meses se emitirá ese informe que permita a la Consejería de Industria proponer el proyecto de interés estratégico regional al órgano que decide, el Consejo de Gobierno.

Según han explicado tras la reunión del Consejo de Gobierno Roqueñí, el portavoz del Gobierno asturiano y consejero de Hacienda y Fondos Europeos, Guillermo Peláez, y la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, Gimena Llamedo, con la norma se busca facilitar el desarrollo de iniciativas empresariales claves, la atracción de inversiones y la creación de empleo.

La tramitación parlamentaria de la Ley de Proyectos de Interés Estratégico Regional (PIER), comenzará el lunes. El Gobierno con ella busca "acortar plazos y suprimir burocracia para fortalecer la competitividad del Principado".

Las empresas podrán beneficiarse de esta ley siempre que cumplan uno de estos dos requisitos: la generación de un centenar de puestos de trabajo directos e indefinidos, a jornada completa, o una inversión de 30 millones en menos de dos años. Además, los puestos de trabajo creados deberán mantenerse, como mínimo, tres años desde el inicio de la actividad empresarial.

Estos umbrales se rebajan a la mitad cuando las compañías tengan previsto asentarse en alguno de los municipios considerados en crisis demográfica o en riesgo de despoblamiento. En esos casos, será suficiente con que se comprometan a crear 50 empleos o a movilizar 15 millones.

El Ejecutivo autonómico será el encargado de declarar los PIER, que gozarán de un impulso preferente ante las administraciones y prioridad para acceder a todas las herramientas de apoyo económico y financiero del Principado.

La norma acortará plazos, simplificará procedimientos y permitirá ofrecer respaldo a las administraciones municipales que lo necesiten. En este sentido, las entidades locales que manifiesten falta de medios materiales o humanos para la tramitación de los expedientes podrán encomendar al Principado su gestión y la adopción de todos los acuerdos necesarios, a excepción de la concesión de licencias urbanísticas.

Nieves Roqueñí ha dicho que la declaración de PIER supone la posibilidad de hacer una declaración de utilidad pública o interés social, lo cual tiene efectos previstos por la legislación en materia de expropiación forzosa.

Además, ha dicho que si los proyectos se van a desarrollar en terrenos que no son reservados a instrumentos de ordenación urbanística y territorial, tendrán la consideración de compatibles urbanísticamente.

Los proyectos tendrán acceso preferente a las líneas de financiación o a la formalización de avales con el Principado de Asturias, entes o entidades dependientes del Principado para que cuenten con esa incentivación económica y financiera que apoye también la inversión privada. Finalmente, tendrán ventajas en forma de estímulos a la formación y a la contratación de personal en la comunidad autónoma.

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La elaboración del proyecto de ley ha corrido a cargo, principalmente, de la Consejería de Transición Ecológica y ha contado con la estrecha colaboración de la Vicepresidencia, que esta misma semana ha mantenido reuniones con los grupos parlamentarios para presentarles el contenido de la norma y buscar el máximo consenso posible de cara a su tramitación en la Junta General.

En la rueda de prensa han preguntado al Gobierno sobre la disposición del PP a apoyar la norma y si eso abría una nueva etapa en el ámbito político asturiano. Llamedo ha dicho que el Gobierno siempre va a extender la mano a todas las fuerzas parlamentarias para abordar las grandes reformas que Asturias necesita "a través del consenso y del diálogo".

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