El Ministerio de Política Territorial ha firmado en noviembre acuerdos con Cataluña, Galicia y Castilla-La Mancha sobre normas en torno a las que existían discrepancias, evitando así cuatro conflictos de competencias con estas comunidades ante el Tribunal Constitucional.

El alto tribunal debe dirimir en sentencia los conflictos de competencias entre el ejecutivo central y los autonómicos, pero existe la posibilidad de evitar la confrontación mediante la negociación en una comisión bilateral y la firma de compromisos entre ambas partes.

En la actual legislatura el Gobierno ha firmado 90 acuerdos (84 finales y 6 parciales) evitando conflictos competenciales con las comunidades autónomas.

Ello "demuestra la importancia de impulsar el diálogo y la colaboración para reducir de forma considerable la conflictividad con las comunidades autónomas", señala el Gobierno en una nota.

La Generalitat de Cataluña se ha comprometido a interpretar y promover modificaciones legislativas en la normativa de contratación pública.

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se ha comprometido a interpretar y promover modificaciones legislativas en normativa urbanística.

La Xunta de Galicia, a promover modificaciones legislativas en materia de residuos, biorresiduos y aguas.

Además, para el caso de que un proyecto pueda afectar de forma apreciable a los espacios protegidos Red Natura 2000, competencia de la Comunidad Autónoma de Galicia, el proyecto deberá someterse a una evaluación de impacto ambiental simplificada.