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Podemos tensa al límite el Gobierno de coalición y ataca a los jueces

La formación morada ha pedido una reunión urgente por la "injerencia" de Calviño en la reforma laboral, y va a presentar una querella contra Batet por el escaño de Rodríguez

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El Gobierno de coalición formado por PSOE y Podemos, liderado por Pedro Sánchez, vive uno de sus momentos más tensos. La reforma laboral vuelve a estar en el centro de la polémica y desde la formación morada acusan de "injerencia" a Nadia Calviño, y al mismo tiempo, Podemos va a querellarse contra Batet, por lo que ellos consideran "prevaricación" al haberle retirado el escaño a Alberto Rodríguez. La polémica está servida y las relaciones entre los socios de Gobierno viven uno de sus momentos más críticos.

La reforma laboral provoca un nuevo choque entre PSOE y Podemos

Por segunda vez en poco más de un año, la reforma laboral ha vuelto a provocar un choque entre los socios de Gobierno. Unidas Podemos ha pedido este viernes al PSOE una reunión urgente de la mesa de seguimiento del acuerdo entre ambas formaciones para "abordar la gestión y ejecución de los compromisos de coalición".




Unidas Podemos considera que la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, se está entrometiendo en el proceso para reformar el mercado laboral, cuando creen que es una competencia exclusiva del Ministerio de Trabajo, que dirige Yolanda Díaz, por lo que apuntan que se está produciendo una "injerencia".

Sin embargo, Pedro Sánchez no comparte la opinión de sus socios y desde Bruselas ha dejado claro que la reforma del mercado de trabajo es estructural y afecta al menos a cinco ministerios, Trabajo, Economía, Seguridad Social, Educación y Hacienda. No se trata, por tanto, de ninguna "intromisión" por parte de Calviño -a la que no ha citado expresamente-, sino de "colaboración y coordinación" del Ejecutivo para sacarla adelante.

Según han explicado desde el Ministerio de Trabajo, Calviño está intentando ser quien coordine todo el proceso que debería culminar con la derogación de la reforma laboral del PP de 2012, tal como contempla el acuerdo de gobierno de coalición. Pero el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha hablado este viernes de una derogación, sino de "actualizar las normas laborales" para corregir los déficit que, a juicio su juicio, causó aquella en materia de precariedad o empleo, y también para promover la competitividad de las empresas o modernizar la negociación colectiva.

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Desde Podemos, Echenique asegura que el PSOE está actuando "en contra de lo que prometió el Presidente" y ha calificado de "injerencia" la actitud de Calviño en el diálogo social en detrimento de Yolanda Díaz.

Bildu también está implicado en la cuestión, ya que fue el tercer partido que firmó en mayo del pasado año el acuerdo para derogar íntegramente la reforma laboral, permitiendo de este modo, con su abstención, la quinta prórroga del estado de alarma, que finalmente tuvo que rectificar el PSOE.

Podemos se querella contra Batet por el escaño de Alberto Rodríguez

Por otro lado, en la tarde de este viernes, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, comunicaba al integrante de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, la retirada de su escaño. Batet ponía en marcha el proceso para que Rodríguez deje su escaño tras días de tensión entre el Poder Legislativo y el Judicial.

Horas después de conocer la decisión, Podemos anunciaba que presentará una querella contra Batet, a la que acusa de "prevaricación" y de haber cedido ante la "vergonzosa presión" del Tribunal Supremo y de la "extrema derecha" en la inhabilitación de Alberto Rodríguez. Desde el partido morado aseguran que la decisión anunciada por la presidenta del Congreso se ha tomado "de manera unilateral, contra el criterio de los letrados de la Cámara y de la Mesa del Congreso".

Podemos añade que la inhabilitación que establece la sentencia del Supremo "era para ser elegido en unas próximas elecciones durante 45 días, lo que en ningún caso implica perder el escaño".

Las reacciones a la querella: el PSOE respalda a Batet mientras que el PP pide el cese de Belarra

Tras conocer el anuncio de la querella por parte de los morados, el PSOE ha defendido la acción de Batet, asegurando que se "ha limitado a dar cumplimiento a la ley", como ha hecho en todo momento. Los de Sánchez reiteran su postura de respeto absoluto a la independencia judicial, que se plasma siempre en el acatamiento y cumplimiento de las sentencias que dictan los tribunales en el ejercicio de sus funciones.

Además han asegurado que "las sentencias se pueden recurrir, pero no se pueden incumplir. Por todo ello, el Partido Socialista respalda la actuación a la Presidenta del Congreso en el cumplimiento escrupuloso de su deber".

Por su parte, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha pedido este viernes Sánchez el cese "inmediato" de la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, tras acusar al Tribunal Supremo de "cometer un delito" por la sentencia condenatoria al Rodríguez.

Así se ha pronunciado Casado después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) haya reprochado a la ministra un mensaje en redes sociales donde cuestionaba la sentencia del alto tribunal y les acusaba de "prevaricación". "El Supremo presiona a la Presidencia del Congreso para retirárselo aunque ambos saben que no es lo que dice la sentencia", ha escrito Belarra en Twitter.




En este contexto, el líder del PP ha señalado que "en cualquier Gobierno serio, un ministro que acusa al Tribunal Supremo de cometer un delito sería cesado de inmediato". Casado ha afeado "el ataque a la Justicia y a las instituciones" por parte de "los socios radicales" de Sánchez y sus ministros. "Es intolerable. Si no actúa ya se convertirá en cómplice de ellos", ha escrito en redes sociales. Así, los 'populares' han reiterado su respeto a las instituciones españoles y a la separación de poderes. "Los ataques a la Justicia por parte del propio Gobierno deben cesar ya", han reclamado.

Desde Ciudadanos, Inés Arrimadas, también ha reclamado el cese inmediato de la ministra Belarra por sus ataques a la Justicia y ha asegurado que Podemos es una "seria amenaza" para la separación de poderes. "Es lamentable que los jueces tengan que salir a defenderse de ataques de miembros del Gobierno", ha escrito la líder de la formación naranja en un mensaje publicado en la red social Twitter.

Meritxell Batet comunicaba de manera personal a Alberto Rodríguez el oficio del Tribunal Supremo que le inhabilita tras ser condenado por un delito de atentado a agentes de la autoridad, una pena de un año y 15 días de prisión, conmutable por una multa, e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena.

Las reacciones de los integrantes de la formación morada no se han hecho esperar. Belarra ha calificado el proceso como "prevariación", mientras que Montero asegura que "detrás está la reacción judicial y política más profunda. Es un asalto a la democracia". Por su parte, el exlíder de UP, Pablo Iglesias, cree que la decisión va "contra el criterio de los letrados del Congreso y tras las presiones de Marchena y la derecha". Isabel Serra es otra de las que no ha dudado en dar su opinión, afirmando que "los jueces rodean el Congreso y Batet entrega a Alberto Rodríguez".




¿Qué ha ocurrido en los últimos días con la sentencia en el caso de Alberto Rodríguez?

Durante las últimas semanas el pulso entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial se ha centrado en la interpretación de esta sentencia, que los letrados de la Cámara Baja consideraban que no afectaba al escaño del diputado de Podemos pero que el Supremo finalmente ha dejado claro este viernes.

En un principio la Mesa del Congreso, formada por mayoría del PSOE y de Unidas Podemos, fundamentó su decisión de no suspender a Rodríguez de su escaño en el informe de estos letrados que señalaba que su condición de diputado no quedaba afectada porque no concurría "ni la causa de incompatibilidad sobrevenida contemplada en el apartado 2 en relación con el apartado 4 del artículo 6 de la Loreg", ni los artículos del Reglamento del Congreso -21 y 22- que explican cuando un diputado pierde su condición.

Argumentaban que al haberse conmutado la pena de cárcel por una multa de 540 euros -ya pagada- la ejecución de la sentencia deja fuera la denominada "inelegibilidad sobrevenida". Ante esta decisión, el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, envió un oficio expresamente a Batet para pedirle que le remitiera la fecha de inicio de cumplimiento de la pena de inhabilitación impuesta para la liquidación de su condena.

Un requerimiento que fue considerado esclarecedor por los miembros del PP y de Vox en la Mesa del Congreso y hasta por la propia Batet, aunque ante las dudas por parte de Podemos y por el informe jurídico de la Cámara, la presidenta decidió ayer pedir una aclaración formal al Alto Tribunal.

Ha vuelto a ser Marchena el que este viernes ha dejado claro en un segundo escrito que la sentencia conlleva la pena de "inhabilitación especial" durante el tiempo de esta condena tal como obliga el Código Penal y subraya que Rodríguez fue condenado a mes y medio de cárcel, pena que "solo a exclusivos efectos de ejecución" fue sustituida por multa de 540 euros.

Es decir, que la pena accesoria de inhabilitación sigue vigente para ser ejecutada. Por su parte, el diputado aludido antes de conocer el paso dado por Batet ha replicado al Supremo a través de su cuenta de Twitter y ha considerado que la retirada de su escaño ataca el voto democrático "que está siendo atacado sin base jurídida".

Horas después del comunicado de Marchena, Rodríguez ha escrito: "Quien niegue la importancia de los símbolos, miente. En tiempos como estos, cuando el voto democrático de decenas de miles de canarios y canarias está siendo atacado sin base jurídica alguna, cobran más valor si cabe".




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