El portavoz de Cs en el Parlament, Nacho Martín Blanco, ha exigido al Govern que adopte las "medidas necesarias para respetar la obligatoriedad de impartir el 25 % de educación en castellano como ha vuelto a marcar el TSJC" y considera un "escándalo" que Educación anime a la desobediencia de las resoluciones judiciales.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha notificado estas semana dos sentencias que anulan los proyectos lingüísticos de las escuelas públicas Bogatell de Barcelona y Josefina Ibánez de Abrera (Barcelona) porque no garantizan que al menos un 25 % de la enseñanza se imparta en castellano.

Martín Blanco ha remarcado que no hay nada "más político, ideológico e identitario que exigir a una sociedad bilingüe que tenga un sistema de educación monolingüe".

Por ello, Cs solicitará información y documentación de los actos y las resoluciones administrativas adoptadas por la Generalitat para dar cumplimiento a "su deber de impartir la enseñanza en las dos lenguas vehiculares de la autonomía catalana".

Para Martín Blanco es "innegociable" el derecho de todos los padres catalanes a que sus hijos reciban clases en las dos lenguas vehiculares de Cataluña.

"En contra de los que algunos sostienen, lengua vehicular quiere decir lengua de enseñanza y eso supone impartir no solo las asignaturas de lengua y literatura española sino también otras asignatura no lingüísticas", ha dicho.

Según el diputado, en Cataluña llevamos muchos años en los que "no se respeta este derecho de los padres al hecho de que sus hijos reciban educación también en castellano, que sería lo normal en una sociedad bilingüe".

Además, ha criticado que los gobiernos nacionalistas y del PSC hayan excluido esta posibilidad al "dejar fuera del sistema educativo la docencia en castellano".

Martín Blanco considera "escandaloso" que el departamento de Educación "cuestione las resoluciones judiciales, menospreciando la separación de poderes y el principio de legalidad" y que se anime a la desobediencia de estas sentencias.

"Es una vergüenza que desde la Generalitat se intente desautorizar a los jueces", ha asegurado para añadir que "si todo el mundo hiciese lo mismo, sería la jungla".