El PP propone castigar con hasta cinco años de cárcel a las autoridades o funcionarios públicos que convoquen elecciones o consultas populares ilegales por vía de referéndum.

Así se refleja en la enmienda a la totalidad presentada por el PP a la proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos, después de que el pasado 24 de noviembre el Congreso diera el primer paso para suprimir el delito de sedición.

La Cámara Baja apoyó la toma en consideración (con 187 votos a favor, 155 en contra y 6 abstenciones) de la iniciativa, que aboga por borrar el delito de sedición del Código Penal y convertirlo en "desórdenes públicos agravados" con una rebaja de 15 a 5 años de la pena máxima de prisión y contempla hasta 8 años de inhabilitación.

EL PP ha registrado este martes una enmienda a la totalidad en la que propone añadir el artículo 506 bis para castigar a los que convoquen consultas ilegales con entre tres y cinco años de cárcel e inhabilitación absoluta por un tiempo superior a entre tres y cinco años al de la duración de la pena de privación de libertad.

En concreto se refiere a "la autoridad o funcionario público que, careciendo manifiestamente de competencias o atribuciones para ello, convocare o autorizare la convocatoria de elecciones generales, autonómicas o locales o consultas populares por vía de referéndum en cualquiera de las modalidades previstas en la Constitución".

El artículo también prevé castigar con pena de cárcel de uno a tres años e inhabilitación absoluta por un tiempo superior entre uno y tres años al de la duración de la pena de privación de libertad a la autoridad o funcionario público que, sin convocar esas elecciones o consultas, las facilita o promueva.

La enmienda propone añadir otro artículo, el 521 bis, para castigar con seis meses a un año de cárcel o multa de 12 a 24 meses a "los que participen como interventores o faciliten, promuevan o aseguren" esas consultas ilegales.

El grupo parlamentario de Vox también ha presentado enmienda de totalidad con un texto alternativo en el que, entre otras propuestas, plantea castigar con hasta veinte años de cárcel a las autoridades o funcionarios que, por acción u omisión, promuevan la independencia de una parte de la nación.

También Ciudadanos ha optado por la enmienda de totalidad y, en su caso, reclama que no corran los plazos de prescripción para este tipo de delitos.