El pleno de Les Corts Valencianes aprobará este jueves una propuesta que reclama medidas para evitar la exclusión financiera de las personas mayores, como que el Gobierno de España declare servicio universal la atención presencial en las entidades bancarias, con especial atención a los mayores y las personas son discapacidad.

La propuesta, que traslada a la política la campaña impulsada por el jubilado Carlos San Juan "Soy mayor, no idiota", también reclama medidas al Gobierno valenciano, como impulsar "bancos amigables" con este colectivo, además de un teléfono de atención específico y un servicio de acompañamiento a los mayores en sus gestiones administrativas.

La iniciativa que se ha debatido este miércoles en el pleno y se votará mañana ha sido presentada inicialmente por Compromís, que ha asumido una enmienda de Ciudadanos, y contará con el apoyo de todos los grupos excepto Vox, que se abstendrá porque, según ha dicho, no se puede "imponer esta medida comunista" a los bancos.

En la presentación del texto, la portavoz adjunta de Compromís Aitana Mas ha defendido que, al igual que se hizo con los servicios de telecomunicaciones, el Gobierno central regule mediante una norma la atención presencial de las entidades de crédito como un servicio universal, para así garantizar que nadie quede excluido de este servicio.

Ha reivindicado que la banca, en la que las instituciones públicas han inyectado "más de 101.000 millones de euros" a cambio de "nada", está "en deuda" con la ciudadanía y que lo que se pide por parte de miles de personas que han firmado la petición de San Juan "no es una locura", sino que se adapten a las necesidades de toda la población.

Compromís ha llegado a un acuerdo con Ciudadanos para incorporar al texto inicial, que solo hablaba de instar al Estado a reconocer este servicio universal, la reclamación al Consell de medidas para mejorar la realización de gestiones administrativas en general y no solo en los bancos por parte de los mayores y las personas vulnerables.

La diputada de Cs María Quiles ha defendido la necesidad de una ampliación de horarios de atención presencial, una mejora de la accesibilidad de los cajeros, más personal de apoyo y un refuerzo de la formación en nuevas tecnologías dirigida a personas mayores, con el fin de solucionar una situación que "no es justa ni humana".

El diputado socialista José Muñoz ha afirmado que los bancos tienen derecho a ganar dinero, pero no a costa de las personas mayores ni de reducir sus derechos, y ha alertado de que tampoco la transición digital puede ser "a costa de los mayores o de los que menos tienen".

La diputada de Unides Podem Irene Gómez ha indicado que apoyar esta iniciativa es "un ejercicio de empatía" con los mayores, afectados por una brecha digital que genera "una distancia social cada vez mayor", y ha destacado que "no basta con promesas o declaraciones de buenas intenciones".

Desde el PP, el diputado Manuel Pérez Fenoll ha indicado que es "de justicia social" reclamar esto, aunque ha considerado que por este cauce "poco se va a conseguir", y ha acusado a Compromís de "aprovecharse" de la faena "de un señor mayor" para "disimular la ineptitud del Gobierno que apoyan en Madrid".

Y la diputada de Vox Miriam Turiel ha indicado que puede que no les guste lo que hacen los bancos, pero esto es abrir "una veda peligrosa" que no se puede "traspasar", ya que a su juicio no se puede "coaccionar" a una empresa privada ni "imponer esta medida de corte comunista", pues "el fin no justifica los medios".