El modelo penitenciario del Gobierno Vasco aboga por la reducción del uso de la prisión para que sea una "opción extrema" que se use cuando "no exista otra alternativa", con el objetivo estratégico de que al menos el 40 % de los reclusos cumplan sus penas en régimen abierto.

La consejera vasca de Trabajo y Justicia, María Jesús San José, ha desvelado este miércoles algunos de los objetivos del modelo de gestión de prisiones en el que trabaja el Ejecutivo autonómico, de cara a la negociación de esta transferencia marcada para 2020 en el calendario de traspasos de competencias planteado por el Gobierno de Pedro Sánchez.

San José ha explicado estos ejes en el pleno monográfico sobre prisiones que celebra hoy el Parlamento Vasco, a propuesta de EH Bildu, en el que ha subrayado que esta transferencia no es "ninguna prebenda" y que es posible, al igual que lo fue con Cataluña, que la administración vasca asuma funciones de dirección, organización e inspección sobre instituciones penitenciarias.

Las tres prisiones vascas cuentan con una población reclusa de 1.314 personas (1.191 hombres y 123 mujeres), con una tasa de 60 encarcelados por cada 100.000 habitantes, tasa que el Gobierno Vasco quiere que baje a 40.

La consejera ha abogado por un modelo sustentado en la reducción del uso de la prisión y en la resocialización, y en el que se incluya la perspectiva de género y la visión restaurativa.

Ha defendido que el encarcelamiento debe ser la "opción extrema" y por ello ha abogado por que el 40 % de los presos cumplan su pena en régimen abierto, frente al 28 % de los que actualmente tienen concedido el tercer grado.

Para avanzar hacia esos objetivos el Gobierno Vasco se propone desarrollar, una vez asumida la competencia, herramientas de acompañamiento individualizado, formar al personal de prisiones y potenciar los trabajos en beneficio a la comunidad, entre otras medidas.

EH Bildu ha defendido que todos los presos con vecindad vasca cumplan sus penas en Euskadi, mientras que PP y PSE-EE han reprochado a la coalición abertzale que lo que busca es reivindicar el acercamiento de los reclusos de ETA, objetivo que es legítimo para PNV y para Elkarrekin Podemos, pero que ambos advierten que ni es ni debe ser el central en el debate sobre el modelo penitenciario vasco.

Jone Goirizelaia (EH Bildu), aunque no ha citado de manera explicita a los presos de la organización terrorista, ha considerado que sería posible con la competencia en vigor y a través de decretos que todos los presos vascos cumpliesen condena en Euskadi.

Joseba Zorrilla (PNV) ha reclamado la transferencia que permita a Euskadi "presumir y dar ejemplo en esta cuestión" y que esté alejada del modelo penal y penitenciario del PP, al tiempo que ha pedido autocrítica a EH Bildu tras subrayar que el terrorismo "ha condicionado mucho" la política penitenciaria.

Juan Luis Uria (Elkarrekin Podemos) ha reivindicado la transferencia para mejorar los programas de reinserción y la socialista Alexia Castelo se ha mostrado convencida de que el traspaso se producirá.

La popular Nerea Llanos ha recordado, por su parte, que la política penitenciaria es competencia del Estado con o sin traspaso y ha recalcado que el hecho de que Euskadi gestione las prisiones no es garantía de mejora.