El expresidente balear Jaume Matas trató de influir en la mesa de contratación para que adjudicara la obra del hospital Son Espases de Palma a OHL porque esa empresa era donante del PP, según han sostenido este jueves las acusaciones, que piden un año y cuatro meses de cárcel para el exministro de Medio Ambiente.

Aunque Matas se ha conformado en el juicio con cuatro meses de reclusión al admitir delitos de prevaricación continuada y fraude, rechaza haber cometido tráfico de influencias, pero la Fiscalía, la Abogacía de la Comunidad y MÉS, partido personado como acusación popular, solicitan que sea condenado por ese delito a un año de prisión y que pague 31,6 millones de euros.

La defensa del expresidente regional ha negado que exista tráfico de influencias en la conducta de Matas, que efectivamente prevaricó para adjudicar un contrato a la consultora Global PM y cometió fraude por controlar los informes que esta empresa elaboró para la mesa de contratación.

El juicio, el penúltimo contra el antiguo líder del PP balear, ha quedado visto para sentencia con la conformidad total de los otros tres acusados: la exconsellera de Salud Aina Castillo, que será condenada a ocho meses de prisión a sustituir por multa de 4.800 euros y 10 años de inhabilitación; el exdirector del Servicio de Salud Sergio Bertrán, con 12 meses de cárcel a sustituir por multa de 5.760 euros e inhabilitación por 13 años; y el empresario de Global PP Jesús peinado, con la misma pena que Bertrán.

El fiscal anticorrupción Juan Carrau ha centrado su argumentación en exponer las presiones que Matas ejerció en 2006 sobre la mesa de contratación para que adjudicara a la empresa de Juan Miguel Villar Mir la mayor obra pública llevada a cabo en Baleares, aunque finalmente la operación se frustró porque el amaño se hizo público.

Carrau ha citado como precedente otra sentencia contra el expresidente, de 2013, en la que fue condenado por tráfico de influencias por el contrato público concedido a un periodista que le escribía discursos y ha incidido en que las maniobras para conseguir que la mesa de contratación siguiera su designio comenzaron antes de que formalmente se supiera qué empresas se presentaban al concurso.

Respecto a la cuantía de 31,6 millones de euros de la multa, el fiscal ha detallado que es el beneficio que pensaba obtener la constructora, que así lo planteó en el proceso contencioso administrativo que entabló contra el Govern al sentirse perjudicada por el desarrollo del concurso, licitado por 778,4 millones de euros.

La letrada de la Comunidad María Ángeles Berrocal ha incidido en que el expresidente balear cometió tráfico de influencias porque buscó "de manera reiterada y directa" una resolución en favor de OHL presionando para ello a la consellera Castillo y al director general Bertrán.

"El presidente Matas no se separó ni un solo minuto del devenir de los acontecimientos para conseguir su propósito, lo consiguiera o no lo consiguiera", ha abundado.

El abogado defensor del exdirigente del PP, José Zaforteza, ha reiterado que su cliente, que en la actualidad cumple condena por el caso Nóos y en total ha pasado ya casi dos años preso, sí acepta que prevaricó y cometió fraude, pero ha negado el tráfico de influencias.

Ha expuesto que es incoherente que su cliente esté acusado de ese delito pero no lo estén ni la exconsellera de Salud ni el exdirector general, que participaron presuntamente en la "cadena" de transmisión de esa presión, así como tampoco OHL, presunto beneficiario del tráfico de influencias.

Asimismo, ha planteado que la valoración de la expectativa de ganancia de la constructora en la que las acusaciones basan la petición de multa de 31,6 millones carece de validez.