Los Mossos d'Esquadra presentaron el pasado día 22 unas diligencias en la Fiscalía de la Audiencia Nacional. En estas diligencias se denuncia un posible delito de odio por parte de los ciudadanos que colocaron una pancarta contra el Rey en la víspera de los actos de conmemoración de los atentados de Barcelona. En esta información de ABC se recoge que hay cuatro personas identificadas, que se encontraban dentro del piso en el que se colocó la pancarta, y al dueño del inmuble, ya que dio su permiso para instalarla en su balcón. Los cinco identificados están vinculados al movimiento independentista.

La pancarta en cuestión medía 18 metros de ancho por 2,5 metros de alto, y se podía leer en ella, en inglés, "El Rey español no es bienvenido en los Países Catalanes", junto con una fotografía de Don Felipe boca abajo. Esta pancarta se encontraba justo en frente de la Plaza de Cataluña, en la que se iba a realizar el acto oficial en recuerdo a las víctimas de los atentados de Barcelona. Se colocó el día anterior a los actos, y al día siguiente atrajo toda la atención de las redes sociales y los medios de comunicación. 

Una vez identificada la pancarta, y al ver a varias personas detenidas bajo el edificio observando la pancarta, el jefe operativo de los Mossos decidió que la mejor decisión era quitar la pancarta del balcón, para evitar que la pancarta crease un problema de orden público. La policía regional comprobó que no se había pedido ningún permiso para instalar la pancarta, que fue colocada bajo la supervisión de la presidenta de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie, quien declaró que era un acto de libertad de expresión.

De madrugada, los agentes accedieron al quinto piso en el que se encontaba la pancarta, pero los inquilinos se negaron a abrir la puerta, y les lanzaron, por debajo de la puerta, un DNI de una mujer vinculada al independentismo radical, y que aparece en el atestado enviado a la Audiencia Nacional. Las cuatro personas que se encontraban debajo del piso aseguraron tener permiso del dueño, aunque respondieron con evasivas cuando se les preguntó por los datos del propietario.

Mientras que los policías comprobaban la titularidad de la casa, se envió a la Unidad de Montaña para que, haciendo rapel por la fachada, comprobaran si estaba bien anclada, o si representaba algún peligro. La delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, también acudió al lugar junto a personal de seguridad de Casa Real. Cunillera pidió su retirada y el jefe policial dio la orden de descolgarla. Cuando los agentes lo hacían, este mando recibió la contraorden directa del consejero de Interior, Miquel Buch, de mantener el lema contra el Rey en su lugar. Alegó que no suponía ningún peligro, que era un ejercicio de libertad de expresión y que la decisión competía al ayuntamiento de Ada Colau. La acción policial fue desautorizada por una orden política. El argumento de la libertad de expresión también lo utilizaron en las redes sociales numerosos independentistas exigiendo responsabilidades a Quim Torra y a Buch para mantenerla.

Según informa ABC, los Mossos consideran que la colocación de la pancarta fue una «maniobra para boicotear la manifestación» que fue orquestada por el movimiento independentista y que dicha maniobra contó con el respaldo de responsables políticos de esos colectivos (los CDR y ANC), así como con el apoyo de letrados vinculados a los mismos, según las fuentes consultadas. «Esa actuación trasciende la libertad de expresión y de ideas, el objetivo era muy claro», señalan.

El jefe operativo de los Mossos decidió no jugársela, pese a todo, y estableció un perímetro de seguridad en el suelo con vallado y custodiado por agentes. «Lograron focalizar todo el interés en la dichosa pancarta, vigilada y convertida en el centro de un acto de homenaje a las víctimas. Una vergüenza», admiten fuentes policiales. «Esa orden del responsable político provoca un daño enorme en el Cuerpo, es una burda manipulación», indican.

Aun así, dado que bajo la enorme sábana había independentistas y constitucionalistas se podría haber organizado una trifulca; los individuos que estaban dentro se atrincheraron y no abrieron a los policías y no colaboraron cuando se les requirió información. Estos argumentos, junto con el lema exhibido, podrían constituir un delito de odio, a juicio de la Policía autonómica. Ahora será la Audiencia Nacional la que decida si el atestado policial y las diligencias presentadas tienen base suficiente para abrir un procedimiento.