Los partidos políticos que negocian la reforma de la nueva ley de seguridad ciudadana, conocida como ley mordaza, han vuelto a reunirse este jueves con la intención de cerrar ya un texto que dejaría fuera los principales escollos, como el uso de las pelotas de goma o las multas por falta de respeto a la autoridad y que serían abordados con ERC en otro nivel político.

Diversas fuentes parlamentarias han señalado a EFE que después de casi 40 reuniones en el Congreso el grupo negociador ha tocado fondo y Unidas Podemos quiere trasladar la negociación fuera de la Cámara antes de convocar la ponencia que iría a debate en el pleno el próximo periodo de sesiones de 2023.

El uso del material disuasorio en las manifestaciones, el régimen sancionador para que sea más flexible para los convocantes en caso de que haya incidentes con los que no están relacionados, y las multas por falta de respeto a la autoridad son los temas que se quedarían a expensas de un pacto fuera del Congreso.

Sobre la mesa ya hay una propuesta del PNV para rebajar el nivel de sanciones y multas por falta de respeto a las fuerzas de seguridad del Estado y que consistiría en volverlo a considerar un delito, lo que obligaría a un trámite judicial -que al ser más extenso en el tiempo- frenaría las denuncias.

"Se volvería a lo que había en la primera ley. Solo hay que ver que ahora el número de denuncias se ha disparado y solo hay que ver y comparar las estadísticas", inciden desde Podemos que no ven mal esta propuesta pero que dicen que tendrían que trasladar a otros estamentos de ERC en Cataluña.

Por su parte, EH Bildu apoyaría "objetivar" las faltas de respeto y reducirlas al delito de injuria y calumnia, según han comentado a EFE.

Y en otro lado está el uso del material de pelotas de goma, que los independentistas vascos y catalanes quieren cambiar para que sean como las que utilizan la Ertzaintza o los Mossos d'Esquadra, de caucho verde o de bolas de foam.

De hecho, estas formaciones apoyaban que el Ministerio del Interior renovara el material antidisturbios haciendo estas compras por su cuenta evitando así la necesidad de tener que discutir este tema dentro de la ley mordaza.

Lo que tiene claro el PSOE es que frente a la nueva ley de seguridad ciudadana hay que tener en cuenta la situación de seguridad a nivel internacional y fuentes del partido inciden en que hay que preservarlas.

Lo cierto es que el grupo de trabajo formado por PSOE, Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, PNV y JxCAT sobre la proposición de ley que presentó el PNV y fue tomada en consideración en 2017 ha cogido impulso días después de que algunos socios parlamentarios del Gobierno de coalición recordaran al Ejecutivo que debe avanzar en las leyes prometidas, como la mordaza o la de vivienda.