JxCat ha puesto este martes en jaque al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, al amenazarlo con pedir que se someta a una cuestión de confianza en el Parlament si no da garantías de que "cumplirá" los tres puntos del acuerdo de gobierno que sellaron ERC y Junts en 2021.

La amenaza ha llegado pasadas las diez de la noche, en una maratoniana primera jornada del debate de política general en el Parlament, que culminará el viernes con la votación de las propuestas de resolución que presentarán mañana los grupos.

Ha sido el líder de JxCat en el Parlament, Albert Batet, el encargado de amenazar con pedir una cuestión de confianza, para que la cámara catalana vote si Aragonès sigue contando con la mayoría de los votos para seguir gobernando, si antes no ofrece "garantías y concreción" de que cumplirá el acuerdo de gobierno.

"¿Cómo podemos confiar ahora en una nueva propuesta si no se cumple el acuerdo que facilitó su investidura?", se ha preguntado Batet, en alusión a la propuesta de Aragonès sobre un referéndum pactado con el Estado e inspirado en la vía canadiense.

Hay tres puntos del acuerdo que Junts considera esenciales: reactivación de un Estado Mayor del procés, unidad en Madrid y negociación de amnistía y autodeterminación en la mesa de diálogo.

Aragonès se ha mostrado "dispuesto a avanzar en estos tres ámbitos", pero "adecuándolos a resultados razonables" y teniendo en cuenta que en el acuerdo de gobierno hay otros puntos a cumplir, entre ellos la apuesta por la mesa de negociación con el Estado, de la que JxCat se ha desmarcado y ha renunciado a participar en ella.

La mesa de diálogo, ha remarcado, "no se puede menospreciar", sino que hay que "fortalecer la parte catalana de la mesa de negociación" con la presencia de consellers de JxCat.

El pulso escenificado entre JxCat y Aragonès ha relegado a un segundo plano la propuesta formulada esta mañana por Aragonès, que ha apostado por un referéndum pactado con el Estado, inspirándose en la ley de claridad canadiense para resolver la cuestión quebequesa, y ha anunciado un "escudo social" de casi 300 millones de euros para ayudar a familias vulnerables, jóvenes, sector primario y empresas.

En el año 2000, el gobierno canadiense aprobó una ley de claridad, que establecía que el Parlamento de Ottawa debatiría, 30 días antes del referéndum, si la pregunta que el Gobierno de Quebec formulaba a sus ciudadanos establecía claramente que el objetivo de la consulta era la independencia quebequesa.

La norma otorgaba al Parlamento canadiense la facultad de decidir si los votos obtenidos por los independentistas bastaban para imponerse y se estipuló que la mayoría simple no era suficiente, además de especificar asuntos que entrarían en una supuesta negociación, como fronteras, reparto de propiedad pública, deuda nacional o derechos de minorías lingüísticas y naciones indígenas.

La respuesta del Gobierno ha llegado poco después, a través de su portavoz, Isabel Rodríguez, que ha subrayado que "la vía y la senda del dialogo" marcada al inicio de esta legislatura "está dando sus frutos", aunque la Generalitat mantiene "sus pretensiones de máximos, que no son en absoluto compartidas por el Gobierno".

"El marco en el que se mueve el Gobierno en sus relaciones con la Generalitat es la mesa de dialogo", que se reunió a finales de julio, donde siguen "avanzando en aras a la normalización", ha afirmado la portavoz del Ejecutivo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

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Por su parte, el primer secretario del PSC y jefe de la oposición en Cataluña, Salvador Illa, ha rechazado el pacto de claridad porque "no resuelve nada", y ha apostado por votar acuerdos, no "rupturas".

Tampoco ha avalado la propuesta la portavoz de la CUP en el Parlament, Eulàlia Reguant, que ha tildado de "inútil" el plan del president, que "la Moncloa no ha tardado ni 30 minutos en descartar".

A la espera de que JxCat fije posicionamiento, los únicos que de momento han abierto la puerta a estudiarla han sido los comunes, cuya líder parlamentaria, Jéssica Albiach, ha recordado que ellos mismos la plantearon hace cinco años.

Por su parte, el líder de Vox en el Parlament, Ignacio Garriga, se ha mostrado convencido de que su formación emulará el triunfo de la ultraderechista italiana Giorgia Meloni, frente a un Aragonès al que ve "ensimismado" ante los problemas de "inseguridad".

El líder de Cs en Cataluña, Carlos Carrizosa, ha asegurado que la propuesta de acuerdo de claridad "no es seria" y que, si fuera como la canadiense, permitiría que Cataluña pudiera dividirse, mientras que el presidente del PPC, Alejandro Fernández, ha dicho que esta propuesta "liquida" definitivamente el 1-O.