Juez pide al sevicio de blanqueo de capitales el informe del caso mascarillas

El juez del caso de las mascarillas ha solicitado al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales del Banco de España (SEPBLAC) que le remita el informe que dio pie a la querella de la Fiscalía Anticorrupción contra los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño.

En la providencia, a la que ha tenido acceso Efe, el magistrado Adolfo Carretero pide el informe que solicitó Mas Madrid, acusación popular, para que conste en la causa y así las partes puedan tener acceso, han confirmado fuentes jurídicas.

La investigación de Anticorrupción sobre la supuesta estafa con material sanitario vendido durante la pandemia al Ayuntamiento de Madrid por los empresarios Alberto Luceño y Luis Medina se inició a raíz de un informe del Sepblac, dependiente de la Secretaría de Estado de Economía, que apuntaba la posibilidad de un delito de malversación de caudales públicos, que consiste en la apropiación indebida de dinero público por parte de una autoridad o funcionario.

Así, en unas diligencias fechadas en diciembre de 2020, un mes después de iniciarse la investigación, el fiscal pidió a la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, que negoció los contratos con los dos imputados, que identifique a las personas que negociaron los términos de esos contratos, según consta en el sumario.

Finalmente la Fiscalía Anticorrupción interpuso querella únicamente contra Luceño y Medina por los supuestos delitos de estafa agravada, falsedad de documento mercantil y blanqueo de capitales, por presuntamente haberse embolsado 6,6 millones de dólares en comisiones de tres contratos con el Consistorio.

Al avanzar las pesquisas el magistrado en el que recayó la causa mantiene a ambos investigados por esos delitos, y a Medina además por alzamiento de bienes por haber presuntamente vaciado sus cuentas.

En la misma providencia, fechada el pasado 29 de abril, el juez también acuerda, como solicitaron el Ayuntamiento de Madrid y Podemos -que son acusación particular y popular, respectivamente-, que se pregunte al comité Español de la Cámara de Comercio Internacional (ICC Spain) por una serie de datos sobre los contratos suscritos por ambos empresarios que constan con membrete de dicha institución.

En concreto, pide que le informe si este organismo tiene establecidas pautas o recomendaciones sobre los porcentajes de las comisiones que se consideran adecuados por el desempeño de las funciones de agente o facilitador en la celebración de operaciones mercantiles.

También si la Cámara ha participado en la elaboración de los contratos que se investigan o si ha autorizado la incorporación de su membrete a los mismos, si se corresponden con los modelos de documentos avalados por la ICC o si los investigados son socios de la institución.

El magistrado Adolfo Carretero también se ha pronunciado recientemente sobre la fianza de Alberto Luceño, al que ha dado un plazo de 48 horas para que abone los cuatro millones de euros que le quedan por asegurar de fianza.

En el auto en el que dicta esa medida el juez rechaza imputar a este empresario un delito de alzamiento de bienes y un delito fiscal, como pedía alguna acusación.