El juez de Pegasus vuelve a rechazar que la Generalitat figure como acusación

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha rechazado de nuevo la personación de la Generalitat de Cataluña como acusación popular en la causa en la que investiga el espionaje, a través de Pegasus, en móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de otros miembros del Ejecutivo.

Lo hace en un auto en el que el confirma su negativa inicial al resolver el recurso de reforma que presentó la Generalitat, y vuelve a desestimar todas sus alegaciones, entre ellas que las actividades ilícitas en este procedimiento afectarían a responsables políticos de las más altas instituciones públicas catalanas.

Al respecto, el magistrado explica que el objeto de las actuaciones que investiga viene limitado por la filtración del contendido del de los dispositivos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de los ministros de Defensa, Margarita Robles, de Agricultura, Luis Planas, y del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

En el auto que ahora ratifica, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 afirmaba además que no existe "habilitación legislativa específica para que las personas jurídicas públicas", como es el caso de la Generalitat, puedan ejercer la acción popular.

"La falta de legitimación de la Generalitat de Catalunya para personarse en las presentes actuaciones en la referida calidad aparece de forma meridianamente clara", dado que dicha opción tiene que estar recogida en un "concreto precepto de ley", indicaba el juez.

Para adoptar esta decisión, el juez recoge la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo al respecto que establece que el sistema general de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) no permite inferir que las entidades públicas puedan ejercer como acusación popular.

El auto, que puede ser recurrido en apelación ante la Sala de lo Penal, descarta asimismo que dicha legitimación pueda sustentarse en la normativa autonómica que invoca la Generalitat en su petición ante el juzgado.

Esta investigación, que se mantiene bajo secreto, se abrió a raíz de una denuncia de la Abogacía del Estado y, aunque en un principio sólo se ceñía a la infección de los teléfonos de Pedro Sánchez y la ministra de Defensa, Margarita Robles, poco después el juez extendió las investigaciones al supuesto espionaje a los ministros del Interior y Agricultura, Fernando Grande-Marlaska y Luis Planas, respectivamente y ofreció a todos ellos personarse como perjudicados.

Recientemente el Gobierno autorizó a los técnicos del Centro Criptológico Nacional dependiente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a declarar ante la Audiencia Nacional para aportar detalles sobre el espionaje al teléfono del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, si así son requeridos por el juez.