El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha rechazado entregar a la justicia andorrana la documentación incautada al excomisario José Manuel Villarejo, como pedía la defensa de los Pujol, alegando que está sujeta a la ley de secretos oficiales y divulgarla podría dañar la seguridad del Estado.

Así lo sostiene el titular del juzgado central número 6 de la Audiencia Nacional en un auto, al que ha tenido acceso EFE, en el que desestima la petición de la justicia andorrana, que través de una comisión rogatoria reclamó tener acceso a toda la documentación intervenida a Villarejo en el caso Tandem, para analizarla en su investigación sobre la filtración de los datos bancarios de los Pujol.

Castellón considera que las autoridades judiciales andorranas no han justificado suficientemente su petición, que ve "desorbitada", "vaga" y "genérica", por lo que rechaza dar cumplimiento a la comisión rogatoria amparándose en la ley de secretos oficiales, ya que entiende que entregar esta documentación se confrontaría con "razones de seguridad nacional".

El juez, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía, se remite al artículo 2 del Convenio Europeo de Asistencia Judicial, que estipula que se podrán denegar este tipo de solicitudes si la parte requerida considera que su ejecución "podría causar perjuicio a la soberanía, la seguridad, el orden público u otros intereses esenciales de su país".

La defensa de los Pujol solicitó a la justicia andorrana, en el marco de una investigación por violación de secreto profesional, que reclamara esta documentación para rastrear la filtración de los movimientos financieros de la familia en las entidades Andbank y Banca Privada d'Andorra, que propiciaron que el expresidente de la Generalitat confesara que durante años ocultó dinero en este país.

En el caso de la documentación intervenida en el registro al domicilio del excomisario, García Castellón apunta en su auto, de febrero de 2023 pero que ha sido notificado a las partes en abril pasado, que se trata de información que puede ser clasificada como reservada o secreta, ya que se enmarca en sus actuaciones policiales, en que captaba información a través de varias fuentes que no pueden ser reveladas.

Además, advierte de que la justicia andorrana no explicita "razones suficientes" ni detalla de forma "convincente" ni "pormenorizada" la información concreta que reclama.

"La petición formulada, además de inconcreta, adolece de una ausencia plena de motivación", subraya Castellón, que también sostiene que lo que busca esta reclamación es una "suerte de supervisión" de la causa que se sigue en la Audiencia Nacional.

"La extensión de la cooperación (internacional) no es ilimitada y, en modo alguno, puede justificar ninguna clase de supervisión de una causa judicial por una autoridad judicial extranjera", expone el juez, que pone de relieve que buena parte del "ingente volumen documental" que compone la macrocausa Tándem -en que investiga a Villarejo-, está encriptada y no se ha podido discriminar en qué partes afecta a Andorra.