Todas las miradas están puestas en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). El próximo jueves decidirá sobre el alcance de la inmunidad como eurodiputado del líder de ERC, Oriol Junqueras. Una cuestión que puede dinamitar las negociaciones entre los republicanos y el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez, abocando al país a unos posibles terceros comicios. La decisión es clave para el adelanto de las elecciones autonómicas catalanas, lo que depende del presidente de la Generalitat, Quim Torra, en liza con ERC.

Y es que, del reconocimiento o no de la inmunidad de Junqueras puede aprovecharse su rival político, Carles Puigdemont, huído en Bélgica desde 2017. El expresidente podría volver a España sin ser detenido, pues al igual que Junqueras también fue elegido europarlamentario. Precisamente, la inmunidad implica la imposibilidad de la autoridad competente para detener o someter a un parlamentario durante el ejercicio de sus funciones a un proceso penal por la posible comisión de algún delito, salvo en el caso de flagrancia.

De prosperar esta tesis, Puigdemont gozaría de inmunidad desde el mismo día de su elección y no podría ser juzgado a no ser que el Parlamento europeo acceda a su suplicatorio o bien cese en su cargo de eurodiputado.

El Tribunal Supremo le impidió a Junqueras, tras las elecciones al Parlamento Europeo, salir de prisión para acatar la Constitución y dar el primer paso para obtener el acta de parlamentario europeo. Su defensa alegó que no se le debía negar ese derecho que habría adquirido desde el momento mismo en que resultó elegido europarlamentario, pero al no haberse realizado estos pasos, la justicia española entendió que el exvicepresidente no había adquirido la condición de miembro del Parlamento Europeo.

En noviembre, el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (una figura equiparable al fiscal en el ordenamiento español) consideró que Junqueras, condenado a 13 años de cárcel por sedición y malversación en el juicio del procés y en prisión, adquirió la condición de europarlamentario desde el momento en que fue elegido, el 26 de mayo.

"Impedir que quien ha sido legalmente electo para un cargo público preste la promesa o el juramento exigido para asumir el cargo es un método perfecto para privarle del cargo en cuestión, pese a la voluntad de quienes tienen la competencia legal para investirlo", argumentó el abogado general.

Aunque su opinión es preceptiva, no vincula al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, si bien sus decisiones suelen coincidir con los dictámenes de los abogados generales, lo que se pondrá de manifiesto el jueves 19 de diciembre.

De ser así, esta no sería la primera vez que los tribunales europeos se distancian de los españoles. Así sucedió, por ejemplo, con la extradición de Puigdemont solicitada por el juez Llarena después de que se fugara. El tribunal alemán de Schleswig-Holstein determinó que no podía ser extraditado por los cargos de rebelión al entender que las actuaciones de los independentistas no habían alcanzado la magnitud de la violencia suficiente.

Este lunes se va a celebrar una nueva vista sobre la euroorden emitida por el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, contra Puigdemont tras conocerse la sentencia del procés por los delitos de sedición y malversación. Aunque la fiscalía belga no se ha opuesto a la entrega, su defensa invocará la inmunidad parlamentaria. De nuevo, los ojos están puestos en la decisión de la justicia europea.