El Parlament ha aprobado hoy con los votos de las fuerzas independentistas y los comunes una resolución de la CUP que afirma que existe "un movimiento popular y organizado" que reúne al "80 % de la ciudadanía" y que "apoya el derecho a la autodeterminación como un derecho reconocido por Naciones Unidas".

La resolución ha hecho así que Junts per Catalunya (JxCat), ERC, Catalunya en Comú Podem y CUP votaran de forma conjunta sobre este asunto después de que el pasado día 9 el Parlament rechazara una propuesta de resolución similar que no contó con el apoyo de los comunes.

Este último grupo parlamentario argumentó entonces que votó en contra de la propuesta de resolución porque, en uno de sus puntos, manifestaba "la voluntad de seguir el camino democráticamente marcado por la voluntad de la mayoría de los catalanes para alcanzar y culminar democráticamente la independencia de Cataluña".

La resolución que se ha aprobado hoy ha sido presentada en el marco del debate general sobre la priorización de la agenda social y la recuperación de la convivencia, celebrado a petición de Ciudadanos.

En uno de sus puntos, dicha resolución señala que "el pueblo catalán vive una importante regresión de derechos políticos, sociales, económicos, culturales y ambientales con graves consecuencias sobre las libertades fundamentales de las clases populares".

Asimismo, considera "de especial gravedad la negación de las funciones políticas básicas del Parlament con soberanía, libertad y plenas garantías".

Por otra parte, el pleno también ha aprobado una resolución del grupo PSC-Units que pide "constituir un espacio de diálogo" para "restablecer consensos básicos, hoy deteriorados", en el plazo máximo de dos semanas, un texto que ha contado con el voto favorable de independentistas y comunes y ante el que se ha abstenido el PPC.

Se ha rechazado, asimismo, una propuesta de resolución de los comunes que instaba al Parlament a priorizar "el diálogo político como forma de solución y búsqueda de consensos amplios y representativos de la mayoría social en Cataluña" y a "mantener una relación de diálogo bilateral con el Estado".

El texto, apoyado por los socialistas, también emplazaba a los grupos parlamentarios a "trabajar en contra de la degradación de las instituciones, dejando de lado la gesticulación y el simbolismo de corto recorrido".