Después de la reunión bilateral que se celebró el pasado lunes en Madrid, entre el Gobierno central y la Generalitat, donde el principal acuerdo fue la ampliación del aeropuerto de El Prat, ambas partes comienzan a preparar ya las futuras reuniones en las que la Moncloa debe decidir cuánto está dispuesto a ceder en las concesiones que el gobierno autonómico les demandaba.

A pesar de que las reacciones de ambas administraciones fueron contrarias, ya que para el gobierno la bilateral pasada fue "fructífera", mientras que para el ejecutivo catalán fue "insuficiente", parece que el deshielo entre ambas instituciones comienza a ser una realidad.

La Generalitat había pedido en bloque la concesión de hasta 56 traspasos, que iban desde infraestructuras hasta los polémicos exámenes de los MIR, y, de momento, ya ha conseguido que el Gobierno vaya a invertir hasta 1.700 millones de euros en la ampliación del aeropuerto barcelonés de El Prat, algo que no ha sentado muy bien en las partes más izquierdistas de ambos ejecutivos.

Con la vista puesta en futuras reuniones, el siguiente objetivo que tiene en mente el independentismo es el traslado del edificio, y consiguiente desalojo, de la Policía Nacional ubicado en Vía Laietana, en el centro de Barcelona.

La comisaría cuenta con un gran simbolismo por ubicarse en el centro de Barcelona: por ser centro de las protestas independentistas, por las muestras de cariño que han recibido los agentes de esa comisaría durante las manifestaciones unionistas es una de las cabezas que los separatistas pretenden cobrarse, entre las múltiples concesiones que le demandan al Gobierno.

Por parte de los comunes, y el ala de Podemos en el Gobierno, como por parte del PSC, se vería con buenos ojos dar pábulo a los anhelos de los independentistas y reubicar la mítica comisaría a las afueras de la capital condal.

En cambio, esta decisión se encuentra con el no rotundo del ministerio de Interior dirigido por Grande-Marlaska que, en principio, no estaría por la labor de realizar esta concesión de un gran calado simbólico a los independentistas.

Por el momento, desde la Moncloa, por boca de la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, se han limitado a fomentar una cierta ambigüedad donde no acaban de dejar claras sus intenciones. La delegada se ha limitado a alimentar las especulaciones, afirmando que será un tema que deban abordar en las próximas reuniones bilaterales que esperan que comiencen a celebrarse con una regularidad de seis meses.

Teresa Cunillera ha aprovechado para resaltar las inversiones que el Ejecutivo ha realizado en la región catalana en la que, en los primeros seis meses del año, han invertido hasta 7.700 millones de euros. “Ha recibido un fondo sin precedentes en la historia de España para afrontar los efectos de la pandemia sobre la economía y los colectivos más vulnerables de la sociedad”, ha señalado la delegada del Gobierno.

La ampliación de El Prat, el debate más tenso de la Bilateral

La ampliación del aeropuerto de Barcelona lo negoció particularmente la parte convergente del gobierno catalán, ya que fue el propio vicepresidente Puigneró, el que tomó la iniciativa en esta negociación a pesar de que la delegación catalana en la bilateral la encabezaba la consellera de presidencia, Laura Vilagrà. Esto en un principio, no gustó a la parte de ERC del ejecutivo catalán, ni a la propia alcaldesa de Barcelona que no tardó en criticar la ampliación.

Por parte del Ejecutivo central, que en un primer momento su ala más radical se había opuesto a esta inversión, parece que finalmente aceptarán las condiciones pactadas como ha señalado la delegada del Gobierno en Cataluña. "Es la posición común con todas las opiniones de los ministerios", ha señalado Cunillera.

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Los comunes habían protestado por la posibilidad de dañar el medio ambiente con la ampliación, algo sobre lo que Aena se encuentra trabajando para adecuar la actuación, ya que se tienen que adecuar a la normativa medioambiental de la Unión Europea, al encontrarse cerca de una zona protegida.

La delegada del Gobierno, en lo referido a este aspecto, añadió que las voces discordantes al proyecto "deben estar fundadas en estudios y posibilidades reales, deben tener un razonamiento tras estas ideas" y que el diseño "se hará con seguridad y garantías de sostenibilidad medioambiental como requieren las normas europeas".