La AN impulsa la investigación sobre el brigada de la Guardia Civil que fue grabado confesando irregularidades

Indaga en la colocación de balizas en vehículos de investigados y en pagos de noches de hotel

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado nuevas diligencias en el caso en el que investiga al brigada de la Guardia Civil Sergio Bravo por haber confesado a una amiga íntima que colocó balizas de seguimiento de forma ilegal y que presentaba informes sobre vigilancias que nunca se produjeron. En concreto, el magistrado requiere a la Dirección General de Tráfico (DGT) y a la Policía Municipal de Madrid registros de lectura de la matrícula de una motocicleta en unos días puntuales para saber si el seguimiento que describió el agente a su amante, y que ella grabó, existió.

En una providencia, adelantada por Economist&Jurist y a la que ha tenido acceso Europa Press, Pedraz requiere también que el hotel de Rivas Vaciamadrid en el que se hospedó el agente con su amante en la noche del 21 de abril de 2023 aporte el método de pago utilizado así como la titularidad de la tarjeta.

Además, requiere al responsable de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Madrid para que informe sobre si determinados nombres que aparecen en las grabaciones realizadas por la amante al brigada se corresponden con agentes que trabajen en esa unidad.

A esto, Pedraz añade que la Unidad de Policía Nacional adscrita a la Audiencia Nacional debe estudiar los dispositivos de geolocalización GPS, las balizas, empotrados en dos vehículos de investigados en la causa principal de narcotráfico para conocer los número asociados a los mismos, cuándo se activaron, y los repetidores que permitieron conocer la ruta seguida por ellos.

Estas diligencias acordadas por Pedraz fueron propuestas por la defensa de uno de los investigados en la causa principal con el objeto de verificar si lo declarado por el brigada en sede judicial se ajustó a la realidad. Cabe recordar que Bravo explicó a Pedraz, según dijeron fuentes jurídicas a Europa Press, que todas las conversaciones que le grabó su amante y en las que confesaba esos ilícitos eran inventadas por él para seguirle la corriente pues suponía que tenía algo que ver con una red de narcotráfico que investigaba.

Así pues, el agente negó ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 que lo que confesó en esas conversaciones a la mujer, y que fueron aportadas a la causa por la defensa de uno de los investigados, fuera verdad.

De hecho, sostuvo en respuesta a las preguntas del propio juez, de la Fiscalía y de su defensa que dado que se percató de que ella podía tener algo que ver con una investigación en curso, decidió seguirle el juego para saber si podía averiguar algo más, si bien, preguntado sobre si sus superiores estaban al tanto de esta infiltración, él negó haber informado.

El guardia civil negó así que colocara balizas sin autorización legal en vehículos de los investigados y que se redactaran actas de seguimiento que nunca tuvieron lugar; y prometió al juzgado que presentará documentos que acreditan que la mujer, testigo en la causa y que también ha declarado ya ante Pedraz, tenía relación con la organización que su grupo investigaba.

"EL MÁS ILEGAL DE LOS ILEGALES"

Las grabaciones al brigada perteneciente al Grupo de Delitos Económicos de la Comunidad de Madrid fueron aportadas en el seno de la pieza separada por blanqueo el pasado 20 de junio.

En la transcripción que la defensa hacía de una de esas conversaciones, a la que tuvo acceso Europa Press, el agente señalaba en un momento dado a su amiga que una baliza que había colocado "es ilegal". "Yo soy el más ilegal de los ilegales", reconocía para luego apuntar que, incluso, llegaron a grabar interrogatorios a detenidos en los traslados en el propio coche policial.

El escrito de la defensa denunciaba que esas vigilancias sobre los investigados no se efectuaron, y lo acreditaban señalando que mientras las actas ubican a los agentes de ese grupo al que pertenecía el brigada en seguimientos de este caso, "en realidad se encontraban en su unidad realizando gestiones relacionadas con el (caso) 8-M". Y lo acreditaba aportando metadatos de correos electrónicos y de impresoras utilizadas, así como citaciones para testigos firmadas por agentes de esa unidad.

La defensa explicaba que el origen de los audios captados al entonces sargento se encuentra en las grabaciones de la mujer con la que mantuvo una relación sentimental de meses y que, "casualidad inesperada", resultó ser amiga también de uno de los investigados en la AN. Dado que vio que las ilegalidades que le contaba el sargento afectaban a su amigo, y puesto que le había grabado y guardaba conversaciones de Wahtsapp, lo puso en conocimiento de este último y le manifestó que estaba dispuesta a colaborar en la investigación.

La defensa, que envió los audios a Pedraz, consideraba que la causa que se pudiera seguir contra el suboficial de la Guardia Civil no se debería ventilar en la Audiencia Nacional, pero añade que dado que esos informes "falsos" elaborados por los agentes surten efecto en la causa que se sigue en la AN, "la aportación de la prueba de su mendicidad y de las prácticas ilegales (...) resulta un elemento indispensable para la toma de decisiones judiciales" en el procedimiento.

Recordaba además que, incluso antes de que en esa grabación el agente confirmara la existencia de balizas ilegales en vehículos, ya fueron detectadas por "múltiples investigados" y llegó a ser objeto de una querella.

Y añadía que en atestados incluidos en la causa existen "graves incoherencias" tales como afirmar en un acta de vigilancia que una persona era titular de un vehículo cuando no lo fue hasta meses después. "Claramente pone de manifiesto que la vigilancia no se realizó y que su falsa acta se redactó --con suma torpeza-- a posteriori", explicaba.