Elena es una de las 15.190 personas que se vieron afectadas por la huelga de los controladores aéreos en diciembre de 2010 que obligó a cancelar 1.352 vuelos y a decretar el primer estado de alarma de la democracia. Diez años después arranca en Madrid un macrojuicio por una queja laboral que causó el caos aéreo y por el que 133 controladores se sientan en el banquillo.

Elena y su hijo habían preparado un viaje sorpresa a su marido. De Madrid a Fuerteventura. Sin embargo, en pleno vuelo el comandante les avisa de que no pueden aterrizar en la isla... pero tampoco regresar a Barajas. 'En el vuelo se crea una situación nerviosa. Nos dice el comandante que va a hablar con la base de Easyjet para ver si aterrizamos en Marruecos o en Portugal o qué hacemos. Después de estar un buen rato volando aterrizamos en Portugal y allí estuvimos dos días'.

Sin saberlo Elena y su familia despegaron de Barajas en uno de los últimos aviones que salieron del aeropuerto madrileño cuando la huelga de controladores aéreos del 3 y 4 de diciembre ya estaba en marcha. Más suerte tuvo Juan Carlos. Él y su mujer iban a viajar desde Barcelona a París pero no llegaron a salir de casa ante la que había montada. 'Al oír todo el jaleo y que no se sabía si iríamos o no iríamos ya no nos movimos de casa hasta estar seguros de que podíamos ir. Estuve haciendo varias llamadas telefónicas al aeropuerto y por la radio y tal y cuando vimos que el espacio aéreo estaba cerrado decidimos anular el viaje'.

A Juan Carlos al menos la huelga le pilló en casa pero él mismo nos contaba a COPE el periplo que tuvo que pasar un amigo suyo. 'Era directivo de una empresa internacional importante, vive en París pero estaba en Madrid ese momento y tenía que regresar a la capital francesa a una reunión. Tuvo que coger un taxi desde Madrid a Lisboa y allí coger un avión para estar en París'.

LOS CONTROLADORES SE DEFIENDEN

De los 133 acusados que hoy se sientan en el banquillo 119 ya han llegado a un acuerdo con la Fiscalía en el que reconocen el abandono de sus funciones y asumen las indemnizaciones exigidas. Los afectados piden mil euros cada uno. A día de hoy los otros 14 mantienen su inocencia.

Daniel es uno de esos 119 que han reconocido los hechos pero que a preguntas de COPE dice que lo hace para dar carpetazo a un asunto que dura ya una década. 'Hay gente que está jubilada desde hace 4, 6 años, que siguen con esto pendiente. Lo único que decíamos en diciembre de 2010 es que éramos muy pocos. Seguimos siendo muy pocos, aquí, y en toda Europa. En diciembre de 2010 no reivindicábamos nada. Veníamos avisando desde el mes de julio que a ese ritmo de programaciones entre finales de noviembre y principios de diciembre la mayor parte de los controladores de España llegaban al máximo legal de horas que podían trabajar que son 1.670. La media en Europa son 1.300'.

Daniel reconoce el perjuicio causado a los miles de viajeros pero niega el sambenito que el colectivo arrastra desde entonces, el de que son unos privilegiados. 'Tienes que pagar unos 70 mil euros en una formación privatizada y presentarte a las convocatorias de empleo público. Ahora hacemos unas 1.615 horas de trabajo al año, por encima de la media de Europa que está en 1.200-1.300. Cobras desde los 1.600 y 1.800 euros netos al mes en una torre pequeña hasta los 4.000 ó 5.000 que puedes cobrar en un centro de control grande. Donde los europeos hacen seis días de trabajo y cuatro de descanso nosotros hacemos 6-2 ó 5-3'.

Hasta ahora se han pagado 15 millones de euros en concepto de indemnizaciones. El juicio que arranca este miércoles en los Juzgados de lo Penal de Madrid quedará visto para sentencia a mediados de marzo. Hasta ahora 22 jueces de toda España han abierto sendas causas pero las han archivado. Sí que hubo un juicio, en Palma, donde los controladores afectados reconocieron los hechos.