Génova elabora un documento marco para las negociaciones entre el PP y Vox en las comunidades autónomas

La dirección nacional del Partido Popular ha elaborado un documento marco para las negociaciones que se están llevando a cabo en distintas comunidades autónomas con Vox. El objetivo de Génova es fijar unas bases comunes que garanticen la estabilidad de los futuros gobiernos de coalición, eviten contradicciones entre territorios y se alineen con la estrategia nacional de Alberto Núñez Feijóo.

Bases para el acuerdo

El texto establece una serie de principios que deben regir los posibles acuerdos. Entre ellos se encuentran el fortalecimiento del Estado de Derecho, la defensa de la independencia judicial, la mejora de la calidad institucional y la preservación de la separación de poderes. Estos pilares son considerados "innegociables" por la dirección del partido.

En el ámbito económico, el documento apuesta por políticas de bajada de impuestos generalizada, la atracción de inversiones y el apoyo a autónomos y empresas. Se propone extender una "alfombra roja" para la implantación de nuevas compañías, eliminando trabas burocráticas y simplificando la administración para impulsar la actividad económica.

Libertad para los líderes territoriales

Aunque se busca una coherencia en los pactos, el documento subraya el respeto a la autonomía de los líderes territoriales. "El documento no es de obligado cumplimiento, sino un marco de actuación común para los pactos", se señala desde la dirección nacional, que insiste en que confían en el criterio de sus presidentes autonómicos. El objetivo es que los posibles acuerdos se basen en la centralidad y la moderación.

El documento no es de obligado cumplimiento, sino un marco de actuación común para los pactos"

Este marco servirá de guía en negociaciones como las de Extremadura o Aragón, buscando un pacto global que desbloquee la formación de gobierno. La experiencia previa del pacto en Castilla y León ha sido un mensaje claro de la voluntad de dialogar para alcanzar la estabilidad.

Políticas sociales y familia

El texto también pone el foco en las políticas sociales, destacando el apoyo a la familia como "pilar fundamental de la sociedad". Se aboga por impulsar medidas de conciliación laboral y familiar y por garantizar la libertad de elección educativa por parte de los padres, principios que deberán reflejarse en los acuerdos de gobierno.

El objetivo final es asegurar "una mejor Sanidad, una Educación de calidad y unos Servicios Sociales más ágiles", según se recoge en el documento. Con estas directrices, el PP busca unificar su acción política en todo el territorio nacional, garantizando que los gobiernos de coalición con Vox sigan una línea coherente y centrada en la gestión eficaz.

Inmigración, eje político

Uno de los bloques donde el documento pone mayor énfasis es el relativo a la inmigración, definida como una de las grandes preocupaciones ciudadanas. El texto sostiene que España ha perdido el control de su política migratoria, alertando de que la inmigración irregular ha alcanzado niveles “intolerables” y criticando las regularizaciones masivas, que —según el planteamiento del PP— convierten la irregularidad en un derecho.

El documento subraya que esta situación es injusta tanto para quienes han seguido las vías legales y se han esforzado por integrarse como para los ciudadanos que perciben un deterioro de la convivencia y de los servicios públicos en sus barrios y municipios. En este punto, el marco de negociación fija una posición nítida: quien venga a trabajar y respetar las leyes debe ser bienvenido, pero quien cometa delitos graves o haga de la delincuencia su forma de vida debe ser expulsado.

Además, el PP exige al Gobierno de España un control efectivo de las fronteras, la ejecución de las expulsiones y la coordinación con las comunidades autónomas, reclamando que no se impongan decisiones cuyas consecuencias territoriales no asume el Ejecutivo central. La inmigración, en este documento, se vincula directamente a la seguridad ciudadana, la cohesión social y la igualdad ante la ley.

Economía y fiscalidad

El bloque económico es uno de los ejes centrales del documento. El PP sostiene que los españoles pagan demasiado para lo que reciben y denuncia lo que califica como un infierno fiscal que asfixia a trabajadores, autónomos y familias. Frente a ese diagnóstico, el marco de negociación fija compromisos claros desde el ámbito autonómico, orientados a aliviar la presión económica y reactivar la actividad productiva.

Entre las prioridades que se recogen en el texto destacan:

• El uso de todas las competencias fiscales autonómicas para bajar impuestos, con el único límite de garantizar los servicios públicos esenciales.

• Una fiscalidad que premie el trabajo, recompense el esfuerzo y facilite el ahorro, en lugar de castigarlos.

• La reducción de la burocracia que ahoga a autónomos y pequeños empresarios, simplificando trámites y evitando nuevas trabas innecesarias.

• El rechazo a barreras regulatorias entre comunidades que fragmenten la unidad de mercado y perjudiquen la creación de empleo.

El documento vincula estas medidas a una idea central: sin alivio fiscal ni simplificación administrativa no hay crecimiento sostenido ni oportunidades reales para quienes quieren emprender o consolidar un proyecto de vida.

Energía, industria y empleo

Otro de los pilares económicos del texto es la política energética, entendida como una condición clave para la competitividad. El PP rechaza las políticas climáticas que, según el documento, destruyen empleo, encarecen la energía y expulsan a la industria. Frente a ello, se compromete a defender desde las comunidades autónomas un mix energético completo, que incluya la energía nuclear, y a no aceptar cierres ni prohibiciones que comprometan el bienestar de las familias.

El marco también subraya la necesidad de dotar al sistema energético de capacidad y eficiencia suficientes para atraer inversiones estratégicas y garantizar el desarrollo de actividades industriales y tecnológicas. La energía, insiste el texto, no es solo una cuestión medioambiental, sino un factor decisivo para el empleo, la industria y la competitividad del país.

Vivienda y estabilidad económica

El documento dedica un bloque central a la vivienda, presentada como una de las principales preocupaciones ciudadanas y como un eje prioritario de cualquier acuerdo autonómico. El texto sostiene que España necesita construir, no intervenir, y apuesta por un cambio de enfoque que permita aumentar la oferta y contener los precios.

En este apartado, el marco de negociación fija compromisos concretos desde el ámbito autonómico, estructurados en torno a varias líneas de actuación:

• Impulsar un shock de oferta mediante la puesta a disposición de más suelo, tanto público como privado.

• Reducir la burocracia urbanística, acortando plazos y simplificando procedimientos administrativos.

• Movilizar el suelo público disponible para facilitar el acceso a la vivienda, especialmente de jóvenes y familias.

• Utilizar las herramientas fiscales autonómicas para favorecer el acceso a la propiedad, premiando el esfuerzo y el ahorro.

• Rechazar políticas que desincentiven la construcción y retraigan la inversión en el sector.

El documento vincula estas medidas a una idea central: sin oferta suficiente no es posible corregir el desequilibrio del mercado. La vivienda, insiste el texto, no puede abordarse desde la prohibición o el control de precios, sino desde la producción, la seguridad jurídica y la colaboración público-privada.

Contra la ocupación ilegal

Otro de los puntos donde el documento pone especial énfasis es la ocupación ilegal de viviendas, calificada como una anomalía que no puede normalizarse. El PP deja claro que no consentirá esta práctica y que los acuerdos autonómicos deberán incluir medidas claras para garantizar la seguridad jurídica.

El texto recoge compromisos como el desalojo exprés, el empadronamiento nulo en viviendas ocupadas ilegalmente y la protección tanto de propietarios como de inquilinos que cumplen la ley. La ocupación se presenta no solo como un problema de orden público, sino como un factor que retrae la oferta y contribuye a encarecer aún más el acceso a la vivienda.