La Generalitat se ha retirado como acusación particular en el juicio contra siete manifestantes independentistas acusados de agredir a varios mossos durante los altercados de enero de 2018 en las inmediaciones del Parlament por la investidura fallida de Carles Puigdemont como presidente catalán.

La Audiencia de Barcelona ha aceptado la renuncia del Govern a seguir ejerciendo la acusación contra los siete procesados, para quienes inicialmente pedía dos años de cárcel por desórdenes públicos y atentado contra agente de la autoridad, y ha acordado la suspensión del juicio, que se retomará cuando la docena de mossos perjudicados tengan un nuevo abogado.

Tal como ha explicado el letrado de la Generalitat, los Servicios Jurídicos han pedido retirar su acusación a instancias del Departamento de Interior ante la "imposibilidad" de determinar quiénes fueron los responsables de agredir a los agentes, hechos por los que la Fiscalía solicita tres años de prisión por los delitos de desórdenes públicos, atentado y lesiones leves.

Según el abogado, en un inicio, la Consellería de Interior instó a los Servicios Jurídicos a que se personaran al creer que durante el procedimiento podrían esclarecer quién atentó contra los mossos, pero finalmente han optado por retirarse tras constatar que "no es posible determinar el autor concreto de cada una de las lesiones".

En cuanto al delito de desórdenes públicos -ha agregado- se trata de "bienes jurídicos de carácter colectivo perfectamente defendidos por el Ministerio Fiscal" y por el letrado particular de uno de los agentes perjudicados.

Por su parte, la docena de mossos lesionados han pedido a la sala personarse en la causa, a excepción de uno, por lo que el tribunal ha acordado concederles un plazo de 15 días naturales para que encuentren un nuevo abogado.

La suspensión del juicio ha levantado protestas entre las defensas, que han advertido que "vulnera los derechos" de sus representados y han acusado a la Generalitat de actuar "de forma maliciosa" porque, a su entender, esta se personó como acusación en nombre de la institución y no de los agentes lesionados.

El cambio de parecer del Govern se produce después de que el Ejecutivo catalán anunciara que revisaría una treintena de causas contra manifestantes para dirimir si mantiene o no su acusación, y que se retiraría de aquellas en las que no se hayan podido acreditar lesiones a los mossos o al autor de las mismas, de manera que no se personaría en procesos solo por desórdenes públicos.

El titular de Interior, Joan Ignasi Elena, ya había avanzado que aplicaría un criterio "distinto" al de "etapas anteriores", de forma que la Generalitat se personaría en casos con agentes de los Mossos con lesiones acreditadas y no por desórdenes públicos, tal como pactó ERC con la CUP para que prosperase la investidura del presidente Pere Aragonès.

Los hechos por los que están acusados los siete manifestantes -entre cuales se encuentra el hijo de Carles Mora, exalcalde de Arenys de Munt (Barcelona) que realizó la primera consulta soberanista de Cataluña- ocurrieron la tarde del 30 de enero de 2018 en el Parc de la Ciutadella, sede del Parlamento de Cataluña, durante los incidentes que se produjeron en una concentración contra la investidura fallida de Carles Puigdemont.

De acuerdo con la Fiscalía, en dicha manifestación, un grupo de personas de "estética antisistema" se concentró en los accesos al parque y "agitaron a la masa de concentrados, provocando momentos de tensión con los cuerpos de seguridad", al punto de que forzaron las cadenas de las puertas de entrada y permitieron que "centenares de manifestantes" se acercaran al Parlament.

Durante este episodio, "la hostilidad de los que habían conseguido entrar en el parque se fue incrementando" con "empujones y lanzamiento de objetos" a agentes, que cargaron para "restablecer el orden público" y entre los cuales se encontraban los imputados, a quienes acusa de haber agredido a varios mossos d'esquadra.