El Departamento de Justicia de la Generalitat catalana ha archivado la información reservada que abrió el mes de julio a la directora de la cárcel Brians 1, Gabriela Redondo, a raíz de una denuncia sindical, al concluir que es falso que se hiciera una PCR con material destinado a presos para irse de vacaciones.

La resolución, a la que ha tenido acceso Efe, mantiene que "es falso que se utilizaran recursos públicos para fines privados y particulares" en el caso de Redondo y alerta de que se ha vulnerado su derecho a la intimidad al haberse accedido irregularmente a sus datos médicos y personales.

En ese sentido, en declaraciones a Efe, el director general de Centros Penitenciarios, Cèsar Galvan, ha lamentado que no se haya podido aclarar quiénes están detrás de "esa actuación ilegítima para exigirles las responsabilidades profesionales correspondientes", especialmente porque su objetivo era "difundir noticias falsas sin el más mínimo rigor fáctico".

La plataforma de sindicatos de funcionarios de prisiones Marea Blava denunció el pasado mes de julio ante la inspección de la Secretaría de Medidas Penales del Departamento que la directora de Brians 1 se había sometido a un test de antígenos y a una PCR con material destinado a los presos del centro, de forma indebida, justo antes de empezar sus vacaciones.

No obstante, la investigación abierta a raíz de esa denuncia concluye que no es cierto que la directora se beneficiara indebidamente de recursos públicos para fines particulares ni que se le practicaran esas pruebas antes de empezar su período vacacional.

Según la conclusión del expediente, en este caso se han vulnerado "derechos fundamentales" de Redondo, en relación a la protección de sus datos personales, lo que resulta "especialmente grave al tratarse de datos de salud, que el ordenamiento jurídico protege en mayor grado".

Galvan ha insistido en expresar su "total apoyo" a la directora, quien "ha demostrado en el ejercicio de sus funciones un gran sentido de la responsabilidad y una alta profesionalidad", así como su "rechazo absoluto" a unos ataques que, a su parecer, "no hacen justicia a los valores que rigen entre la inmensa mayoría del colectivo de trabajadores penitenciarios".