La Generalitat argumenta, en sus alegaciones ante el TSJC en defensa del decreto de aplazamiento de las elecciones, que actualmente hay "una situación epidemiológica crítica" que hace que los protocolos de seguridad no sean suficientes "para garantizar la protección de la salud pública".

Las alegaciones, presentadas este jueves ante el TSJC (Tribunal Superior de Justicia de Cataluña) y contenidas en 47 páginas, se centran fundamentalmente en la situación epidemiológica que hay actualmente en Cataluña y se recuerda que hay un estado de alarma vigente que implica la obligación de restringir la movilidad de las personas para reducir los contagios de la covid-19.

La consellera de Justicia, Ester Capella, ha indicado en una rueda de prensa telemática convocada para explicar las alegaciones, que en ellas se defiende que debe "prevalecer el interés general a los intereses particulares" y que, "por sentido común" más que por debates jurídicos, debe ser determinante la situación epidemiológica.

Según la consellera de Justicia, el Govern no se plantea ahora mismo hacer un nuevo decreto porque considera que es perfectamente legal y que está avalado por argumentos fundamentados en tres informes que lo avalan, y que se adjuntan a las alegaciones: uno sobre la situación epidemiológica, otro sobre "calidad democrática" y un tercero sobre "el marco jurídico".

El Govern, ha apuntado asimismo Ester Capella, tampoco se plantea cambiar la fecha de los comicios, porque ya ha decidido que sea el 30 de mayo y esta fecha ha sido fijada a partir de varios criterios, como son los de que ya no estará vigente el estado de alarma, que habrá un porcentaje importante de población vacunada y el cambio estacional, porque el riesgo es menor en primavera que en invierno.

En las alegaciones se indica, según la consellera de Justicia, que el decreto del gobierno catalán es muy similar al que utilizaron en su día los gobiernos vasco y gallego para aplazar sus respectivos comicios.

Sobre la preservación del principio democrático, que es una de las causas que esgrimen los recurrentes del decreto para pedir que las elecciones se mantengan en la fecha del 14F, en las alegaciones se apunta que mantenerlas en esta fecha puede perjudicar la participación electoral.

También se alude a los colectivos de riesgo que se podrían ver impedidos a acceder a las votaciones en condiciones de igualdad, y se advierte que las limitaciones de movimientos y de la libertad de reunión pueden alterar la campaña electoral.

Lo que se persigue al aplazar los comicios es justo lo contrario de lo que argumentan los recurrentes, afirma la Generalitat, ya que se pretende que el proceso electoral se pueda celebrar "con plenas garantías" democráticas.

Por lo que respecta al marco legal, Ester Capella ha querido dejar claro que, "no se trata de hacer un debate jurídico, sino de hacer valer el sentido común" porque una pandemia provoca "una situación excepcional", ha dicho.

En cualquier caso, la Generalitat defiende que el vicepresidente en funciones de presidente tiene la facultad de poder aplazar los comicios en circunstancias excepcionales.

Estas circunstancias, ha precisado la consellera de Justicia, son que "hay 26.000 nuevos positivos en una semana, y que 621 personas están en las UCI por la covid-19", y se ha preguntado quién puede asumir la responsabilidad de movilizar a 5,5 millones de personas en una jornada electoral.

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Al ministro de Sanidad y candidato del PSC, Salvador Illa, la consellera de Justicia le ha instado a priorizar "los datos epidemiológicos y no las encuestas". EFE