El representante legal de la familia de Víctor Laínez, Juan Carlos Macarrón, considera que el veredicto del jurado que enjuició el Caso Tirantes y la sentencia que ha condenado a Rodrigo Lanza a cinco años por homicidio imprudente es una "colección de desatinos" contra los que recurrirán ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).

En declaraciones a Efe, este abogado, que ejerció la acusación particular en nombre de la familia Laínez, ha asegurado que la "perplejidad" que le ha causado la sentencia se suma a la "desilusión y desolación" que les causó el veredicto al no considerar el jurado la existencia de un asesinato.

Tras destacar que en la sentencia hay "contradicciones" que no acepta, Macarrón ha explicado que el presidente del tribunal no aceptó la mayor parte de las modificaciones que plantearon las partes al cuestionario que dio al jurado para que emitiera su veredicto conforme a las pruebas practicadas.

"El presidente no aceptó casi ninguna de las modificaciones, y es evidente que el objeto del veredicto (el cuestionario) era más oscuro de lo que yo hubiera deseado", ha explicado el abogado, para quien "sobre esa base, y sobre el desconocimiento jurídico del jurado se fraguó más si cabe una sentencia" para él "horrorosa".

Una sentencia, añade el letrado, que no contempla el ensañamiento a pesar de que ninguna de las pruebas practicadas en el juicio acreditó de forma taxativa que Víctor Laínez estuviese inconsciente en el suelo cuando fue golpeado de forma reiterada por Lanza.

A su juicio, "el ensañamiento existió, y si el jurado lo entendió mal también es debido a que el pliego de preguntas estaba mal planteado".

Ha expresado su confianza en que el acusado no salga de prisión hasta que el TSJA resuelva el recurso contra la sentencia, una decisión que confía que se produzca en un plazo máximo de dos a cuatro meses.

En relación a este punto, ha destacado que el magistrado aceptó días atrás no poner en libertad de forma inmediata a Lanza, y aunque ha admitido que existe la posibilidad de que esta situación se produzca, ha confiado en que no sea antes de la resolución del referido recurso.

En su sentencia, el magistrado admite que debería sopesar la libertad del acusado en el caso de que se produjera un recurso de su defensa, y que, en cualquier caso, podría quedar en libertad tras cumplir la mitad de su condena, en junio de 2020.