La actual Ley de Protección de Datos prohíbe la difusión de las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad de Barajas durante el famoso episodio del Delcygate, el encuentro del ministro de Transporte José Luis Ábalos con la vicepresidenta del gobierno de Maduro, Delcy Rodríguez. En COPE hemos preguntado a los expertos por el alcance de esta norma.

La semana pasada un juez atendió a la petición del PP y a punto de expirar el plazo ordenó a AENA que conservara las grabaciones que las cámaras de seguridad del aeropuerto realizaron la tan comentada noche del 19 al 20 de enero. Unas grabaciones que podrían aclarar si la vicepresidenta venezolana pisó suelo español como mantiene la oposición o no como reitera el Gobierno. A las pocas horas de la decisión del juez el ministro de Fomento, José Luis Ábalos compareció ante la prensa para asegurar que aunque esas cintas 'aclararían muchas cosas' por una cuestión de Protección de Datos no se pueden difundir. ¿Dice la verdad el ministro?

Borja Adsuara, experto en Derecho Digital, ha asegurado en COPE que el ministro tiene una parte razón pero en otra no. 'Las imágenes que captan las cámaras de videovigilancia se captan por razones de seguridad y para esa finalidad. No se pueden difundir y no pueden tener acceso a ellas salvo los encargados de seguridad. No se pueden ceder a terceros o difundir públicamente. Pero eso es distinto a que un juez las reclame porque se las tiene que entregar a él si éste está investigando un delito'. ¿Y qué puede hacer el juez con ellas? 'Además de verlas autorizar a la Policía Judicial a tomar algún tipo de medida de investigación'.

¿CUÁNTO TIEMPO SE DEBEN CONSERVAR LAS IMÁGENES?

El artículo 8 de la Ley de Protección de Datos es claro. 'Treinta días y pasado ese tiempo obligatoriamente hay que borrarlas'. Normalmente se graban en un disco duro y ese borrado se suele hacer grabando encima nuevas imágenes para ganar espacio. Sin embargo, Adsuara pone el foco en las personas que ya las hayan podido ver. 'Si dentro de esos 30 días alguien se da cuenta de que se ha cometido un delito está obligado a ponerlo en conocimiento de la policía. No hacerlo sería encubrimiento y destruir las pruebas podría ser una pena mayor. No pueden decir ¡Ah no! ¡Como no vimos nada las hemos borrado...! Porque entonces el juez podría acusar al que las haya borrado de encubrimiento de un delito'. El pasado miércoles el juez Vázquez Taín aseguró en 'Herrera en COPE' que en lugares como el aeropuerto de Barajas 'los jueces a menudo pedimos estas imágenes para comprobar delitos de organizaciones delictivas o de entradas y salidas de delincuentes'.

EL CASO CIFUENTES Y EL PELIGRO DE LA FILTRACIÓN

Adsuara ha encontrado un paralelismo entre las cintas de Ábalos y Rodríguez y las grabadas en 2011 a Cristina Cifuentes en un supermercado por un presunto robo de cremas y que supusieron el fin de su carrera política. 'En el caso de Cifuentes no se difundió la grabación original de la cámara de videovigilancia sino que se hizo una copia ilegal. Y cuando se borraron las imágenes originales alguien que había hecho una copia la conservó para utilizarlas políticamente siete años después'. El caso de la ex presidenta madrileña derivó con una investigación por parte de la Agencia Española de Protección de Datos que terminó con una multa de 150 mil euros a la cadena de supermercados.

¿Acabaremos viendo los españoles esas cintas en las que salen Ábalos y Rodríguez? Es una incógnita pero como este experto digital recuerda a COPE 'muchas investigaciones, muchos casos cuyo sumario está declarado secreto, acaba en la prensa por las filtraciones'.