En España la justicia no es “una prioridad, sino que parece ser un estorbo". La cita ha sido extraída de un comunicado conjunto emitido este lunes por las asociaciones de jueces y fiscales tras la presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2019.

En un inicio, lejos de las 300 plazas de jueces y fiscales que la ministra de Justicia se había comprometido a convocar, solo iban a salir 100 a oposición, “frustrando las expectativas de miles de opositores y dejando sin cubrir la verdadera necesidad existente". Así lo criticaron la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia, Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales.

Tras amenazar con “un calendario de movilizaciones que responda al nivel de irritación del colectivo judicial y fiscal", Dolores Delgado se puso en contacto con las asociaciones profesionales para indicarles que su objetivo es convocar 500 plazas en ambas carreras en 2019. Justificó que las 100 que aparecen en el proyecto de Presupuestos se deben a un "error".

Aunque la oferta depende de la aprobación final de las cuentas de 2019, las asociaciones profesionales tienen motivos para quejarse. España tiene la mitad de jueces y fiscales y el doble de abogados que la media europea. Así lo pone de manifiesto la Comisión Europea en el cuadro de indicadores de 2018. También la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia (CEPEJ) en un informe de 2016 en el que analiza los sistemas judiciales de los diferentes países.

TECHO DE CRISTAL EN LA JUDICATURA

En concreto, la media europea está en 21 jueces por cada 100.000 habitantes. España, sin embargo, cuenta con 12 frente a los 95 de Mónaco -el dato más alto- y los 3 de Reino Unido -el más bajo-. Tomando en consideración los países vecinos, destaca Portugal con 19 jueces de media y Francia con 11.

El informe recoge la elevada presencia de mujeres en los tribunales españoles de primera instancia, hasta alcanzar un 60%. Sin embargo, a penas son el 34% en los tribunales de segunda instancia. Y en el caso del Supremo, constituyen un 10%. En el primer puesto está Rumanía con más del 80% de mujeres en los tribunales superiores mientras Grecia y Francia alcanzan el 50%.

En lo que respecta al número de fiscales, la media está en 11 por cada 100.000 habitantes. España dispone de 5 frente a los 30 de Ucrania -el dato más alto- y los 2 de Irlanda -el más bajo-. Portugal y Francia cuentan con 14 y 3 respectivamente.

Paradójicamente, los abogados en España ascienden a 291 por cada 100.000 habitantes mientras que la media europea está en 149. El dato más alto se encuentra en Grecia, que dispone de 388 letrados, y el mínimo en Azerbaiyán, que cuenta con 10.

RETRASOS EN DICTAR SENTENCIA

Según los datos, España tarda más de 200 días en resolver un litigio en primera instancia y menos de 200 días en segunda instancia. Es uno de los países de la Unión que más tarda en dictar sentencia, como refleja el gráfico correspondiente a los casos que ingresan en el orden Civil. En concreto, está en la quinta posición empezando por la cola.

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Cuando Dolores Delgado todavía no era ministra sino que ejercía de fiscal en la Audiencia Nacional y como vocal del Consejo Fiscal por la Unión Progresista de Fiscales, se manifestó en contra de la política acometida por el exministro Catalá en materia de Justicia. El 8 de julio de 2017 escribió un tweet en el que decía: “100 plazas para jueces y fiscales… que razones hay tras esa ‘raquítica’ e insuficiente cifra? Es evidente que las cosas cambian cuando se tiene un puesto mejor”.

Delgado ha rectificado esta semana, diciendo que si volviera atrás no secundaría las protestas contra las políticas de Catalá porque conoce "los esfuerzos" que está haciendo el Ministerio.

AUSTERIDAD PRESUPUESTARIA

Pero no solo las plazas de jueces y fiscales están en el centro de la polémica. Las asociaciones profesionales también han criticado la partida presupuestaria destinada a Justicia en el proyecto de los Presupuestos -1869 millones, un 5% más que en 2018-. “El poder judicial, que controla al ejecutivo y al legislativo, es controlado por los otros poderes con austeridad presupuestaria un año más, pues una justicia independiente y dotada de medios no interesa a ningún partido político", han lamentado.

Según CEPEJ, la media de inversión de los Estados en Justicia es de 45 euros por habitante, estando España por encima de esa ratio con una inversión de 88 euros per cápita. Portugal, por ejemplo, destina 52 euros y Francia 64 euros. Países más ricos que España como Suecia, Alemania o Suiza invierten 103 euros, 122 euros y 219 euros respectivamente.

Los datos ponen negro sobre blanco a las reivindicaciones de los operadores judiciales, que no resultan banales. Pese a ello, siguen trabajando para que no se cumpla aquello que dijo Quevedo de que “donde hay poca justicia, es un peligro tener razón”.