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La suspensión del rescate a Plus Ultra contradice a quienes defendieron las ayudas a la aerolínea

Siempre defendieron una posición confiada sobre la concesión de los 53 millones del Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas de la SEPI a favor de la aerolínea

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Madrid

Tiempo de lectura: 3'Actualizado 23 jul 2021

Las reacciones al anuncio del Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid ordenando suspender la entrega de 34 millones de euros que forman parte del rescate a la aerolínea Plus Ultra y que se debían desembolsar el 28 de julio no se han hecho esperar en las filas de los distintos partidos de la oposición.

El líder del PP, Pablo Casado, ha recalcado este jueves que esta nueva actuación supone un "nuevo varapalo judicial" al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y ha considerado que "el cese de Ábalos no tapa las corruptelas a favor de Maduro para pagar los votos de Podemos", ha asegurado en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

También el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, a través de esta misma red social, se ha preguntado "quién va a dimitir por los 53 millones a dedo".

Por su parte, Marta Castro, vicesecretaria Jurídica de VOX, a través de un video publicado en los perfiles en redes del partido de Santiago Abascal, ha asegurado que “Plus Ultra no reunía los requisitos suficientes establecidos en el Real Decreto tanto por no ser compañía estratégica como por no reunir los requisitos económicos necesarios vinculados antes incluso de la covid-19”.

Muy al contrario de las declaraciones vertidas por parte de la oposición durante el día de hoy, las ministras Nadia Calviño y María Jesús Montero, y el exministro José Luis Ábalos, apartado del Gobierno hace apenas unos días tras protagonizar uno de los escándalos más mediáticos de toda la legislatura, el llamado ‘Delcygate’, avalaron en varias apariciones públicas, incluso en el Congreso, que la concesión por parte del Gobierno a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) estaba justificada.

"Es una empresa española, que tiene un carácter estratégico respecto a los vuelos en algunos países de Latinoamérica", llegó a declarar vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital Nadia Calviño, quien llegó afirmó incluso que "en muchos casos es la única compañía que hace estos vuelos". Sin embargo, la realidad es que estos trayectos están cubiertos por otras empresas como es el caso de Iberia y Air Europa.

Por su parte, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró en sede parlamentaria que el rescate estaba justificado porque “el fondo de solvencias se creó para empresas españolas”, justificando que la aerolínea tuvo una facturación en 2019 “de 100 millones de euros y genera un empleo directo a 350 personas”. En verdad, su actividad sólo supuso el 0,004% de todos los vuelos de los aeropuertos españoles en el año 2019, por lo que se trata de una aerolínea irrelevante. Antes de la pandemia, la aerolínea Plus Ultra llegó a fletar poco más de 800 vuelos en todo el año.

Según la ministra, la mercantil cumplía con todos “los criterios para recibir ayudas vinculadas al fondo de solvencia”. Hoy, la Justicia ha suspendido el rescate de 34 millones de euros a la aerolínea por no estar justificado.


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El que fuera ministro de Transportes, José Luis Ábalos, aseguró en primera instancia que ni él ni su Ministerio tuvieron que ver “con la concesión de esta ayuda a la aerolínea”. Más tarde, se evidenció que su papel en la concesión de esas ayudas de la SEPI a Plus Ultra iba más allá, ya que uno de los informes en los que se basó la sociedad estatal para el rescate salió del Ministerio de Transportes.

En estos informes ya se advertía de algunas anomalías que se cernían sobre la aerolínea y que hacían inviable su predisposición financiera a participar de este fondo de ayudas. Cuestiones como su presencia minoritaria en el sector o temas concernientes a su limitada facturación y su delicada situación económica, ya que no registraba beneficios desde que se creó en 2011, las llegó a manejar el Gobierno antes de aprobar la concesión de 53 millones de euros del Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).





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