Ocurrió hace justo dos años, el 2 de noviembre de 2017, tras autoproclamar la República de Cataluña que deshizo a los pocos segundos. Y tras ser destituido de su cargo horas después por Mariano Rajoy, por aquel entonces presidente del Gobierno, gracias a la aplicación del artículo 155. Por él, y con el respaldo del Senado español, se disolvió el Parlamento de Cataluña, se desestimó el Consejo Ejecutivo y se convocaron unas nuevas elecciones regionales para el 21 de diciembre de ese 2017. Tras todo esto, el expresidente del Gobierno catalán, Carles Puigdemont, hizo caso omiso a la citación judicial para declarar en la Audiencia Nacional por los delitos de rebelión, sedición y malversación de los que se le acusaba por su declaración de independencia de Cataluña.

El destituido líder catalán ya había avisado aquella semana a través de un comunicado y en palabras de su abogado, Paul Bekaert, de que no acudiría a comparecer a la Audiencia Nacional después de que la jueza Carmen Lamela le citase junto al resto de su Gobierno los días 2 y 3 de noviembre. No obstante, Puigdemont sorprendió a todos con su marcha a Bruselas en compañía de cuatro miembros del Gobierno catalán, lugar donde actualmente sigue con su día a día. Los que sí acudieron fueron ocho de sus compañeros del Govern, entre los que se encontraba el hasta entonces vicepresidente catalán, Oriol Junqueras.

Aquel 2 de noviembre de 2017, la jueza de la Audiencia Nacional ordenó el ingreso en prisión del vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, y de siete de los exconsellers del cesado Govern de Cataluña. Pero no todos acudieron a la cárcel: el noveno imputado, Santiago Vila, el encargado de la consellería de Empresa y Conocimiento, la eludió pagando una fianza de 50.000 euros.

En el auto, la magistrada les atribuía los delitos de rebelión, sedición y malversación. Apuntó que los acusados se enfrentaban a elevadas penas con un máximo de 50 años, una condena muy lejana de cómo ha acabado todo. La resolución mostraba que todos ellos jugaron un importante papel a la hora de impulsar el proceso soberanista y daba constancia del elevado riesgo de reiteración delictiva. Y no se equivocaba la jueza Carmen Lamela, que también hacía referencia en el auto a Carles Puigdemont y los cuatro miembros de su Govern que le acompañaron a Bruselas al recordar que “algunos ya se habían desplazado a otros países”.