Los cuatro detenidos en la causa contra el exembajador de España en Venezuela Raúl Morodo por blanquear en España fondos relacionados con el expolio a la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) pasan mañana ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

Entre los detenidos está Alejo Morodo, hijo del exembajador, además de otras mujeres y un hombre. Según han informado fuentes de la Audiencia Nacional, los cuatro pasarán mañana a disposición del magistrado Pedraz, quien decidirá si los envía a prisión provisional o los deja en libertad.

El diplomático, principal imputado en el caso, no ha sido arrestado debido a su avanzada edad, pero será citado más tarde a declarar directamente en la Audiencia Nacional.

A estas personas las investiga Pedraz a raíz de una querella de la Fiscalía Anticorrupción, que cuantifica en 4,5 millones de euros el dinero cobrado de la petrolera por Raúl Morodo de forma irregular.

Aparte de las detenciones, en la operación desarrollada ayer por la UDEF se han practicado ocho registros, entre ellos el de las oficinas en Madrid del que fuera embajador de España en Venezuela entre 2004 y 2007.

A los investigados en esta causa se les atribuye un delito de blanqueo de dinero procedente de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, así como falsedad documental y delito fiscal, por hechos ocurridos entre los años 2012 y 2015.

Esta causa contra el que fuera embajador español en Venezuela con el régimen de Hugo Chávez en el país sudamericano y el ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero en España tiene relación con el expolio a la petrolera estatal venezolana que se investiga en varios juzgados españoles.

El principal imputado en ella es Raúl Morodo, quien supuestamente blanqueó en España dinero que habría obtenido de PDVSA gracias a contratos falsos de asesoramiento profesional a la petrolera, han indicado las fuentes, que cuantifican en 4,5 millones el dinero sustraído.

Según sospechan los investigadores, ese dinero irregular lo remitió a España con la excusa de esos honorarios profesionales y mediante un complejo conglomerado de empresas, y lo blanqueó luego con inversiones inmobiliarias.

El saqueo a PDVSA lo investigan tres países europeos (Portugal, Andorra y España), además de Estados Unidos, que tienen en el punto de mira a decenas de ciudadanos venezolanos por lavar cientos de millones de euros obtenidos de sobornos cuando ostentaban cargos en empresas públicas bajo la presidencia de Chávez.

Los desvíos de PDVSA, que se considera el mayor caso de corrupción que se ha hecho público del gobierno chavista, se investigan también en Venezuela y casi un centenar de funcionarios de la empresa pública, entre ellos dos exministros y directivos de varias filiales, han sido detenidos o están siendo buscados.