La Guardia Civil ha desarticulado un grupo organizado que realizaba cacerías furtivas en Sierra Nevada, una operación con diez investigados por delitos contra la protección de la flora y fauna silvestre, maltrato animal, tenencia ilícita de armas, contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico.

Según ha informado en un comunicado este cuerpo armado, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha desarticulado, en el marco de la operación Caprala, un grupo que se dedicaba a cazar de manera furtiva dentro del Parque Nacional de Sierra Nevada y en zonas de reserva de un coto de caza del Parque Natural.

En esta operación han sido investigadas diez personas de entre 22 y 71 años, nueve por un delito relativo a la protección de la flora y fauna silvestre por cazar de manera furtiva armados y con una rehala de perros dentro del Parque Nacional de Sierra Nevada.

Dos de los investigados también lo han sido por un delito de maltrato animal y otros tres por un delito de tenencia ilícita de armas, por un delito contra la salud pública por cultivo ilegal de droga y por un delito leve de defraudación de fluido eléctrico.

La operación comenzó cuando los agentes supieron de la existencia de grupos organizados de cazadores que se adentraban en el corazón del Parque Nacional de Sierra Nevada, por lo que intensificaron los servicios de vigilancia y los días 19 y 25 de noviembre de 2020 sorprendieron a los investigados cazando en esa zona.

Seis estaban armados y apostados en diferentes lugares, separados unos de otros, y los otros tres conducían una rehala con trece perros para facilitar las capturas a los cazadores apostados.

Tras la investigación de los cazadores, el Seprona averiguó que tenían una base de operaciones en un establecimiento de hostelería de un pueblo cercano en el que descubrieron una escopeta de cañones recortados y dos carabinas de calibre 22 sin documentación.

Además de las armas, la Guardia Civil halló numerosos trofeos de especies cinegéticas de gran valor sin que el propietario acreditase su origen y el de una especie considerada como vulnerable, la Ganga Ibérica, cuya caza está prohibida.

Al realizar una inspección en el cortijo donde se guardaba la rehala de perros, los agentes del Seprona descubrieron el estado lamentable en el que se encontraban los animales.

La Guardia Civil se puso en contacto con un veterinario para que inspeccionara y certificara cómo se encontraban los perros. El profesional pidió sacrificar a cinco de los veintiún canes que allí había por el mal estado en el que se encontraban y destacó la existencia de "maltrato y crueldad animal".

Otro registro permitió hallar una plantación de "cannabis sativa" (marihuana) con una conexión ilegal a la red eléctrica.